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Gobierno de Miguel Barbosa agotó instancias legales correspondientes para afrontar adeudo fiscal que generó el morenovallismo: Jonathan Ávalos

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Sobre este tema, la línea de defensa fue la misma desde el gobierno interino hasta la presente administración de Sergio Salomón Céspedes.

Adan Morales

El periodo de gobierno de Miguel Barbosa Huerta agotó las instancias legales correspondientes para hacer frente el adeudo fiscal que generó el morenovallismo en el año 2015, e incluso el interinato de Guillermo Pacheco Pulido también dio batalla; así lo explicó el consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Jonathan Ávalos.

Indicó que a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación se obtuvo una nulidad en contra de la determinación del SAT quien fincó a Puebla un crédito fiscal superior a los 2 mil millones de pesos.

“Sin embargo, el propio Servicio de Administración Tributaria promovió un recurso de revisión fiscal contra esa sentencia y un Tribunal Colegiado en tema administrativa revocó esta determinación que determinada la nulidad liza y llana”, expresó.

Subrayó que la línea de defensa fue la misma desde el gobierno interino hasta la presente administración de Sergio Salomón Céspedes.

“Después de esa resolución, la Sala Superior del Tribunal de Sala Administrativa emitió una nueva determinación en cumplimiento al fallo del Tribunal Colegiado, el cual no fue benéfico para los interéses del Estado”, agregó.

El fallo fue que el Gobierno en turno pagó ante el SAT 2 mil 600 millones de pesos producto del adeudo fiscal que surgió en el periodo de gobierno de Rafael Moreno Valle tras contratar un despacho llamado “Sistemas LAC”.

“Donde está el origen de esto pues está en el haber contratado a empresa asesora que propuso al estado en su momento el poder evadir ese tipo de impuestos que ese fue el tema no pagarlos les vendió una formula maravillosa y entonces dejó de pagar impuestos”, acotó.

Jonathan Ávalos reiteró que se emprenderán acciones legales para determinar las responsabilidades administrativas y penales del daño causado.

“Sí hay que tener claridad en ello más allá si pealamos o no peleamos lo que nos estaban imputando a nosotros asumiendo que nosotros no habíamos generado ese tema. Sin embargo, no son las personas es el estado el que responde por las acciones de gobierno”, finalizó.