La adopción de la Constitución de 1999 al menos una docena de nuevas leyes y resoluciones han afectado a la independencia del sistema de justicia y que la independencia del Tribunal Supremo de Justicia se ha deteriorado.
Redacción
Las reiteradas violaciones a las garantías procesales en Venezuela exponen un sistema judicial falto de independencia que prolonga las graves violaciones de los derechos humanos contra opositores gubernamentales, según indica el informe elaborado por una Misión Internacional Independiente de la ONU sobre el país sudamericano.
La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, denunció que, en la actual crisis de derechos humanos que vive Venezuela, “la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada”, una situación que pone en peligro “su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales”.
Las investigaciones indican que hay “motivos razonables para creer que, debido a un aumento de las presiones políticas, los jueces y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela contra opositores, supuestos o reales”.
Además, destaca que desde la adopción de la Constitución de 1999 al menos una docena de nuevas leyes y resoluciones han afectado a la independencia del sistema de justicia y que la independencia del Tribunal Supremo de Justicia se ha deteriorado.
Citando a fuentes del Poder Judicial, el informe indica que “los jueces y juezas de todos los niveles reciben habitualmente órdenes sobre cómo decidir las sentencias, a veces procedentes directamente de altas esferas del Gobierno y canalizadas a través de la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia”.
Añade que los magistrados que no cedieron a las presiones políticas fueron perseguidos, denigrados e intimidados.
El estudio determina que el sistema de justicia venezolano “necesita una reforma urgente, para librarlo de influencias políticas indebidas y garantizar que proteja los derechos de todos los venezolanos y todas las venezolanas, de acuerdo con el derecho interno y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.
