Transparencia en el acceso a la justicia, piedra angular del estado de derecho: INAI

La justicia abierta es una oportunidad para que juntas y juntos podamos contribuir a un mejor futuro, pues sin ella no puede existir bienestar para todas y todos: Blanca Lilia Ibarra Cadena.

Sicom Noticias

La transparencia en el acceso a la justicia es la piedra angular del Estado de Derecho, por ello, mejorar las estrategias para la apertura de las sentencias y facilitar su comprensión, puede disminuir la brecha entre las personas juzgadoras y la ciudadanía, afirmó Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Al participar en el I Congreso de Transparencia Judicial: Justicia abierta y acceso a la información jurisdiccional, convocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Ibarra Cadena enfatizó que la justicia abierta es una oportunidad para que juntas y juntos podamos contribuir a un mejor futuro, pues sin ella no puede existir bienestar para todas y todos.

“En momentos donde la función judicial se pone en duda y se somete a constantes cuestionamientos, son las sentencias el principal escudo que puede legitimarla. Por esta razón, las personas juzgadoras y sus auxiliares deben seguir asumiendo un compromiso tanto con la accesibilidad como con la apertura de las decisiones judiciales”, apuntó. 

Durante su intervención en la mesa Justicia abierta y publicidad de las sentencias, la Comisionada del INAI planteó que las sentencias juegan un rol trascendental dentro de la justicia abierta, pues constituyen un documento que, por un lado, permite conocer las razones por las que una persona juzgadora decidió una controversia y, por otro, posibilita que se identifique la aplicación de una norma en un caso específico, que resulta en un modelo para casos posteriores.

Al respecto, Ibarra Cadena refirió que un estudio publicado en 2020 sobre sentencias en materia del derecho a recibir alimentos, emitidas por tribunales familiares en la Ciudad de México, reveló que apenas en 22 por ciento de los expedientes se dictó una sentencia, en el resto no se dio seguimiento o la persona promovente se desistió.

Además, dijo, todas las sentencias analizadas fueron hechas con un formato establecido, lo que en la jerga legal es llamado “machote”; también se limitaron a justificar el derecho a recibir los alimentos con base en las actas de nacimiento y/o matrimonio, sin analizar otras pruebas para determinarlos, y en 51 por ciento de los casos, los jueces se percataron que quien debía pagarlos, incumplió con su deber, en el resto no se analizó.

“Este estudio demuestra la importancia del análisis crítico de la forma en que personas juzgadoras resuelven controversias de personas en situación de vulnerabilidad”, resaltó.

Sobre la publicidad de la información contenida en las sentencias, la Comisionada del INAI recordó que el Magistrado Jean Claude Tron Petit señaló, en el Seminario de Argumentación Jurídica, organizado por el Instituto, que se deben preferir las técnicas de disociación y anonimización frente a la opción de testado absoluto. Es decir, anonimizar o disociar la información que pueda ser clasificada en las sentencias, pero no eliminarla ni impedir su comprensión.

“Esto ocurrió en la gran sentencia de la Suprema Corte de Estados Unidos que reconoció, por primera vez en el mundo, el derecho fundamental de la mujer a decidir sobre la interrupción de su embarazo: el caso de Roe vs. Wade (1973). En los hechos, se le permitió a la demandante usar un pseudónimo. Esto, por entender que el estigma social del aborto pesaba más que la obligación de usar un nombre real”, expuso.

En ese sentido, Ibarra Cadena subrayó que esta estrategia podría permitir disociar a las partes de los hechos de las sentencias, facilitando la comprensión del caso planteado y los motivos de la resolución de manera integral. De esa manera se evitaría eliminar datos necesarios para la lectura de la sentencia.

“Es importante señalar que no es una inquisición social. Constituye una oportunidad de que la sociedad, destinataria principal de los servicios de administración de justicia, se involucre en el funcionamiento y mejora constantes de la función judicial”, concluyó.

El I Congreso de Transparencia Judicial: Justicia abierta y acceso a la información jurisdiccional se llevó a cabo en colaboración con el Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN, la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial y las Casas de Cultura Jurídica.

En la mesa Justicia abierta y publicidad de las sentencias, moderada por Gladys Fabiola Morales Ramírez, investigadora del Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN, también participaron Álvaro Herrero, Coordinador Ejecutivo de la Red Internacional de Justicia Abierta, Fátima Gamboa, Directora de la organización Equis Justicia, y   Diego López Medina, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.