El caso más reciente, ocurrido el 1 de mayo de 2025, involucra a una patrulla municipal
Miriam Rodríguez
La organización TAC; Una Protección al Entorno A.C. emitió una carta abierta dirigida a las autoridades estatales y federales, exigiendo su intervención ante lo que calificó como omisión e irresponsabilidad sistemática del ayuntamiento de Santiago Miahuatlán en casos de maltrato y crueldad animal. La agrupación denunció que, hasta el momento, se han abierto cinco carpetas de investigación relacionadas con estos delitos en el municipio.
Catalina Aguilar Delgado, representante de la asociación, señaló que las autoridades municipales han tolerado y normalizado actos de crueldad, abandono y omisión, algunos cometidos por funcionarios públicos, lo que representa una violación directa a la legislación en materia de protección animal.
El caso más reciente, ocurrido el 1 de mayo de 2025, involucra a una patrulla municipal que, durante un rondín, atropelló sin justificación a dos perros en la vía pública. Lo más grave, denunció Aguilar, fue que una segunda patrulla acudió al lugar y recogió con vida a los perros, identificados como Arnold y Obi.
Arnold fue devuelto en condiciones deplorables a su familia, quienes lo trasladaron el 7 de mayo a la Clínica Veterinaria Tehuacán Salvaje, donde, debido a la gravedad de sus lesiones, optaron por practicarle la eutanasia. En cuanto a Obi, la organización reportó que también fue subido con vida a la patrulla, pero hasta hoy se desconoce su paradero legal.
La representante de TAC informó que la denuncia penal correspondiente ya fue presentada ante el Ministerio Público, y advirtió que ningún acuerdo entre particulares ni con el ayuntamiento puede extinguir la acción penal ni frenar la investigación en curso.
Aguilar también recordó otros casos donde la intervención municipal fue inexistente, como el de “Huesitos”, en el que el agresor fue vinculado a proceso gracias al seguimiento de la asociación y la actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE). Otro ejemplo fue el de un felino baleado, donde las autoridades municipales se negaron a actuar como primer respondiente, dejando la atención del caso en manos de la sociedad civil.
Finalmente, TAC exigió a la FGE un seguimiento riguroso, autónomo y profesional de todos los casos en curso; pidió que el Instituto de Bienestar Animal proporcione el respaldo técnico correspondiente; y llamó a que los gobiernos municipales implementen una política pública real en defensa de los seres sintientes.
