Estudiantes,
maestros y empleados estatales se reincorporaron luego de un “receso” de 15
días decretado por el presidente Daniel Ortega, quien constantemente ha
minimizado la gravedad de la pandemia.
SET Puebla
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El régimen de Daniel Ortega ordenó el lunes el regreso a clases de más
de 1,8 millón de estudiantes de todos los niveles y la reanudación de labores
de unos 130.000 empleados públicos pese a las críticas de los organismos
sanitarios internacionales ante la amenaza del nuevo coronavirus.
Salvador Vanegas, asesor presidencial para temas de educación, dijo que
los estudiantes volvieron a las aulas después de 15 días de “receso” de Semana
Santa decretado por el presidente Daniel Ortega.
Citado por el portal oficial El 19, Vanegas indicó que en los centros
educativos “se activaron los protocolos del Ministerio de Salud” relacionados
con las medidas de prevención ante el Covid-19, entre ellos el lavado de manos.
No obstante, Efe informó que una cantidad considerable de estudiantes no
acudieron al reinicio de clases por decisión de sus padres, que, según dijeron
a medios locales, prefieren que sus hijos pierdan clases en vez de exponerlos a
un posible contagio del coronavirus.
Antes del retorno de los alumnos de primaria y secundaria, unos 57.000
docentes y técnicos de Educación ya habían reanudado sus labores.
También se reintegraron unos 160.000 estudiantes de las universidades
públicas y 130.000 empleados estatales luego de un período sin actividad que el
régimen calificó de “vacaciones”.
Jonathan López, miembro de la Coordinadora Universitaria por la
Democracia y la Justicia (CUDJ), vinculada con la oposición, dijo que las
autoridades universitarias amenazaron con expulsar a los alumnos que no asistan
a clases.
Jorge Mendoza, director de la organización no gubernamental Foro de
Educación y Desarrollo Humano, calificó por su parte la decisión como “una
obcecación” y “una irresponsabilidad que va a costar muy caro”, ya que los
alumnos quedan expuestos a contraer el virus y convertirse en transmisores. No
obstante, al igual que sucedió en los niveles primarios, alumnos de diferentes
facultades de universidades estatales advirtieron que no harían presencia hasta
que la pandemia esté controlada.
El Ejecutivo nicaragüense también sobresale por mantener activas las
ligas deportivas y promover actividades multitudinarias en medio de la
pandemia. Otros países centroamericanos temen que la falta de medidas de
control para evitar el contagio provoque una explosión de casos que termine
alcanzando sus territorios.
El régimen de Ortega hasta ahora únicamente reconoce diez casos de
Covid-19, incluyendo dos muertos, niega que haya transmisión local comunitaria
y sigue sin precisar el número de pruebas que ha realizado hasta ahora.
Un reporte oficial asegura que hasta la fecha “no existe transmisión
comunitaria”. Sin embargo, las autoridades no han informado cuántas pruebas de
COVID-19 han realizado desde que se detectó el primer caso a mediados de marzo.
En plena pandemia, Ortega había desaparecido del ojo público durante 34
días. Solo reapareció el 15 de abril cuando, en cadena nacional, remarcó que
hasta entonces solo una persona había muerto y aseguró: “Enfrentamos la
pandemia con nuestros recursos limitados, con mucha paciencia, con mucha
disciplina”.
El mandatario no participa en actos públicos desde el 21 de febrero
pasado, cuando el general Julio César Avilés tomó posesión por otros 5 años
como comandante en jefe del Ejército. Ortega tampoco encabezó una marcha
organizada por el Ejecutivo que preside el 13 de marzo, denominada “Amor en
tiempos del Covid-19”, en la que miles de simpatizantes sandinistas y
trabajadores marcharon por Managua.
El gobierno sandinista ha sido criticado por diversos sectores por
promover eventos masivos y aglomeraciones a contracorriente de las recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su
preocupación por la respuesta de Ortega a la pandemia. “En el contexto de la
grave crisis de derechos humanos que persiste en Nicaragua, el Estado podría
poner en un riesgo adicional el disfrute de derechos, tales como la vida, la
salud y la integridad de todas las personas en el país. En dicho contexto la
CIDH hace un llamado urgente a las autoridades para que, en ejercicio de su deber
de garantía de derechos humanos, adopte medidas eficaces de atención y
contención de la pandemia, conforme a las recomendaciones técnicas y
científicas internacionales, dirigidas a proteger los derechos de las y los
nicaraguenses”, advirtió el organismo en un comunicado reciente.
Fuente: Infobae.com
ARP
