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La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela ha declarado que el gobierno venezolano debe cesar inmediatamente de mantener a sus opositores, o a quienes son percibidos como tales, en condiciones de aislamiento e incomunicación.
“Mantener a personas opositoras en condiciones de aislamiento e incomunicación es una práctica perversa e ilegal que puede constituir un crimen internacional,” afirmó Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
La Misión expresó su profunda preocupación por una práctica que, según dijo, a menudo equivale a desapariciones forzadas, y forma parte de un “plan coordinado para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición”, incluidas las personas defensoras de los derechos humanos, y para infundir miedo en la población.
La falta generalizada de protección judicial efectiva también es motivo de preocupación.
