Del total de personas capacitadas, 270 mil 227 pertenecen al sector público y 10 mil 950 a la iniciativa privada. Los cursos de capacitación se impartieron a través de videoconferencias y del CEVINAI.
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En 2022, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) capacitó a un total de 280 mil 367 personas, a través cursos impartidos al sector público y a la iniciativa privada, en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, a través de videoconferencias y el Centro Virtual de Capacitación (CEVINAI).
Del total de personas capacitadas, entre enero y el 9 de diciembre de este año, 270 mil 227 son integrantes de instituciones públicas obligadas a cumplir las disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO).
Entre las principales temáticas de los cursos de capacitación en este sector destacan la carga de información en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT); ciberseguridad, gobierno abierto y transparencia proactiva, inteligencia artificial, Ley General de Archivos, gestión de documentos digitales tratamiento de datos biométricos, seguridad en soluciones tecnológicas y uso responsable de tecnologías.
Las otras 10 mil 950 personas capacitadas pertenecen a los sujetos regulados de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), es decir, a la iniciativa privada.
En este sector, los principales tópicos fueron el Aviso de Privacidad; comunicación y flujo transfronterizo de datos personales; derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición); Sistema de Gestión de Seguridad de Datos Personales, instrumentos internacionales en materia de protección de datos, retos tecnológicos del derecho de Portabilidad y esquemas de autorregulación.
Con estas acciones de capacitación, el INAI refrenda su compromiso para acompañar a los sectores público y privado en el cumplimiento de la legislación aplicable y, de este modo, garantizar a la sociedad la tutela efectiva de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.
