De acuerdo con medios de comunicación, se registró el fallecimiento de 17 personas, 13 más que resultaron lesionadas y la evasión de 25 personas privadas de la libertad.
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a la autoridad penitenciaria en el estado de Chihuahua, luego de los hechos de violencia registrados en el Centro de Readaptación Social (CERESO) Número 3, ubicado en Ciudad Juárez, para salvaguardar la integridad física de las personas internas, del personal que labora en el mismo, así como de las personas visitantes, y en su caso, se les brinde la atención médica y/o primeros auxilios psicológicos que requieran.
Luego del enfrentamiento, suscitado este 1 de enero, entre personal de seguridad y custodia y personas privadas de la libertad, personal de la Tercera Visitaduría General de la Comisión Nacional sostuvo comunicación inmediata con la persona titular del Sistema Penitenciario estatal para conocer la situación que prevalecía en dicho centro penitenciario, quien informó que se habían activado los Protocolos correspondientes, dado aviso a la Fiscalía General y a la Policía Estatal; además de que se había solicitado el apoyo del Ejército Mexicano.
De acuerdo con medios de comunicación, se registró el fallecimiento de 17 personas, 13 más que resultaron lesionadas y la evasión de 25 personas privadas de la libertad. Por lo anterior, este Organismo Nacional solicitó, como parte de las medidas cautelares y urgentes a implementar, garantizar las condiciones de gobernabilidad en dicho centro penitenciario y continuar con la aplicación estricta de los Protocolos correspondientes para la atención y control de incidentes violentos y de aquellos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Especialmente, se pidió la realización de acciones de diálogo, disuasión y negociación con la población penitenciaria, a fin de recobrar el orden de dicho CERESO; así como para la atención óptima, adecuada y oportuna, con respeto a los derechos humanos, de las partes involucradas e implementar un mecanismo adecuado para informar, de manera inmediata, a los familiares de las personas privadas de la libertad y del personal de seguridad y custodia sobre su estado de salud actual, además de que se les otorgara atención médica.
Respecto de la intervención de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Fiscalía General y de la Policía del estado se solicitó, en todo momento, garantizar que las acciones tendientes a restablecer el orden en dicho centro penitenciario se realizaran conforme al uso gradual de la fuerza y solo en los casos estrictamente necesarios, observando los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad, rendición de cuentas y vigilancia.
Además de ello, se pidió garantizar una investigación adecuada, imparcial, amplia y profesional sobre lo ocurrido, sin que se tomara ningún tipo de represalia en agravio de las personas privadas de la libertad y/o de sus familiares.
En el caso de las personas que lamentablemente perdieron la vida, la CNDH urgió colaborar en la investigación de los hechos y realizar diferentes gestiones para que a los familiares de las víctimas se les brindara información debida y oportuna, así como acompañamiento y atención integral en todo momento.
De esta manera, esta Comisión Nacional también requirió que todas las acciones adoptadas estuvieran apegadas a los más altos estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y en estricto respeto a la dignidad de las personas privadas de la libertad y quienes laboran en ese establecimiento penitenciario.
Por otra parte, se instruyó la realización de actividades coordinadas entre la Tercera Visitaduría General y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), a fin de identificar factores de riesgo y proponer medidas específicas para la prevención de actos de posible tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes asociados a los actos que acontecieron recientemente, por lo que se realizarán visitas de supervisión a los Centros de Readaptación Social en Chihuahua, a fin de observar y promover una adecuada garantía de los derechos humanos en el sistema penitenciario local.
Este Organismo dará seguimiento puntual a los resultados de las investigaciones iniciadas y observará que se respeten y protejan los derechos humanos de las personas agraviadas por los hechos ocurridos, así como del resto de la población penitenciaria y de quienes ahí trabajan, ante cualquier circunstancia que pueda colocarlas en riesgo o peligro.
