Sicom Opina Con… Gerardo Herrera
No son choferes ahogados por la ley.
No son pequeños concesionarios en crisis.
Detrás de las protestas hay viejos conocidos: exfuncionarios, líderes sindicales y caciques de gremio que, por arte de magia, un día amanecieron transportistas.
Esto no empezó ayer.
En los gobiernos de Melquiades Morales y Mario Marín —hoy preso en el Altiplano— las concesiones se repartieron como favores políticos.
Dirigentes que jamás manejaron una unidad se hicieron de rutas completas.
El transporte fue botín, no servicio.
Luego vino el periodo de Rafael Moreno Valle.
Ahí apareció otra variante: empresarios que acumularon concesiones para después traspasarlas como moneda de cambio, negocio puro, cero vocación social.
Ese es el ADN del conflicto actual.
La protesta no es social, es patrimonial
Los que hoy amenazan con paros y bloqueos no defienden al usuario.
Defienden un modelo donde:
la unidad vieja sigue circulando,
el mantenimiento se simula,
la concesión se explota como franquicia,
y la ley es estorbo.
Son los representantes de la desvergüenza:
los que quieren seguir por la libre, en la ilegalidad, usando presión social como escudo.
Pero algo cambió.
Los poblanos ya estamos hartos
Hartos de subirnos a unidades destartaladas.
Hartos de pagar más por un servicio peor.
Hartos de que nos pidan comprensión mientras ponen en riesgo a nuestras familias.
Y aquí va el dato que no les gusta:
no habrá aumento al precio del pasaje.
Es un hecho.
Es más fácil —y más justo— retirar concesiones a los más de 3 mil incumplidos, que premiarlos con un tarifazo.
Porque cuando alguien prefiere el negocio sobre la seguridad,
no merece concesión: merece sanción.
El transporte público no puede seguir secuestrado por quienes creen que la calle es suya y la ley negociable.
El orden llegó tarde, sí.
Pero llegó.
Y esta vez, no se va a doblar.
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