SICOM Opina Con… Gerardo Herrera
Por momentos, la política poblana parece un concurso de indignación. Esta semana, la oposición intentó encabezar protestas por la presunta tala de árboles en zonas donde iniciarán trabajos del Cablebús. La palabra elegida fue potente: ecocidio. Funciona en redes, genera clics, prende emociones. Y sí, en tiempos electorales, también puede traducirse en votos.
El contraste vino horas después, en conferencia de prensa. El gobernador Alejandro Armenta Mier no optó por la confrontación frontal. No hubo descalificación directa ni choque discursivo. Hubo invitación: que participen, que supervisen, que aporten su “huella ecológica”. “Síganse manifestando, pero las puertas están abiertas”, dijo. En política, el tono importa. Y el mensaje fue claro: crítica sí, pero también corresponsabilidad.
El contexto no es menor. El fin de semana arrancó un programa de reforestación urbana con 2,250 árboles plantados, como parte de una meta de 10 mil especies que integrarán un nuevo cinturón verde en zonas como el CIS Angelópolis, el Parque Ecológico y otros espacios metropolitanos. La discusión pública gira en torno a cuántos árboles se retiran por obras de movilidad y cuántos se siembran con criterios técnicos, especies endémicas y seguimiento multianual. Ese dato —la reposición, el balance ambiental real— suele quedar sepultado bajo el ruido político.
Quien sí fue directo fue el coordinador de gabinete, José Luis García Parra. Habló de “hipocresía” y “memoria selectiva”. Recordó que en 2014, durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, más de mil árboles adultos fueron retirados para la construcción de paraderos de RUTA, ciclovías elevadas, el propio CIS y obras emblemáticas como el Museo Barroco. En aquel momento, sostiene, no hubo el mismo nivel de protesta por parte de quienes hoy se asumen como defensores ambientales.
Ahí está el punto político fino: ¿es legítima la protesta ambiental? Siempre. ¿Es consistente? No siempre. La defensa del arbolado urbano no puede activarse o desactivarse según quién gobierne. La memoria ambiental no debería ser selectiva.
También hay otro ángulo: el Cablebús no es una obra ornamental. Es un proyecto de movilidad que, según la narrativa oficial, busca conectar zonas populares, reducir tiempos de traslado y disminuir emisiones contaminantes al sustituir viajes motorizados. Si se ejecuta con criterios ambientales rigurosos, podría tener un balance positivo en términos de carbono y ordenamiento urbano. Si no, el costo político será alto.
La oposición apuesta a la imagen del árbol talado. El gobierno responde con la imagen del árbol plantado. En medio está la ciudadanía, que no quiere propaganda verde ni nostalgia selectiva, sino planeación urbana seria, transparencia técnica y resultados medibles.
Al final, la invitación del gobernador tiene filo político: “que no solo jueguen al ensarapado”. Es decir, que pasen de la consigna a la propuesta. En una ciudad que crece aceleradamente, la discusión no es si se transforma o no; es cómo se transforma y quién asume la responsabilidad.
La ecología no debería ser bandera coyuntural. Tampoco coartada discursiva. Puebla necesita menos gritos y más datos. Menos nostalgia selectiva y más coherencia histórica. Porque si algo ha quedado claro esta semana es que, en política ambiental, la memoria también cuenta. Y mucho.
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