El gobierno israelí ha restringido cada vez más el espacio cívico a través de una estrategia de deslegitimación y silenciamiento de la sociedad civil palestina e israelí.
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La Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluido Jerusalén Oriental, e Israel, rindió este martes su segundo informe al Consejo de Derechos Humanos.
Durante la presentación, la presidenta de la Comisión declaró que han constatado “que los derechos a las libertades de asociación, expresión y opinión, y de reunión pacífica, así como una serie de derechos económicos, sociales y culturales, están siendo violados por las tres autoridades responsables: el Gobierno de Israel, el Gobierno del Estado de Palestina y las autoridades de facto de Gaza”.
Navi Pillay añadió que “algunas acciones emprendidas por el Gobierno israelí contra organizaciones de la sociedad civil pueden equivaler a violaciones del derecho internacional humanitario y constituir crímenes de derecho internacional”.
En este sentido, la Comisión hizo un llamamiento a todos los garantes de derechos y a todos los Estados para que adopten medidas que permitan a los miembros de la sociedad civil palestina e israelí continuar con su importante labor, libres del temor a sufrir castigos y represalias contra ellos mismos o sus familias.
“Reiteramos nuestro llamamiento para que Israel cumpla plenamente sus obligaciones jurídicas internacionales y ponga fin a la ocupación”.
