Cinco de cada diez personas ya desalojadas, se encontraban en el país de acogida de forma irregular, lo que dificulta que puedan acceder a una vivienda digna o contratos formales.
Redacción
Casi un 40% de los refugiados y migrantes venezolanos que viven en países latinoamericanos han sido desalojados de sus viviendas y la mayoría de ellos no ha recibido ninguna ayuda de los gobiernos antes o después del desalojo.
Según un estudio de organizaciones de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tres de cada cuatro hogares desalojados están enfrentando nuevos riesgos de desalojo, una situación que ha empeorado con la pandemia.
Cinco de cada diez personas ya desalojadas, se encontraban en el país de acogida de forma irregular, lo que dificulta que puedan acceder a una vivienda digna o contratos formales.
El 69,8 % de los encuestados no recibe ningún tipo de asistencia que les permita prevenir o tener alguna protección frente al desalojo. Y en un 75% de los casos las autoridades locales no intervinieron. Juan Betancourt es el coordinador del informe.
“La encuesta revela la baja intervención oficial en mediación entre propietarios y arrendatarios. Ahí hay una asimetría en relación con los migrantes y refugiados que están en condición irregular y no pagan y que no pueden acceder a los mecanismos de justicia o solución de conflictos”, explicó.
En caso de ser desalojados, solo un 7 % estaría dispuesto a volver a Venezuela y un 73% piensa que el retorno al país de origen representa un riesgo para sus hogares.
