Reafirma el Estado mexicano el compromiso con el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos, así como su apertura al diálogo y al escrutinio internacional.
Sicom Noticias
Hoy el Estado mexicano sustentó su informe periódico consolidado XXII a XXIV sobre el cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (CERD, por sus siglas en inglés), en Ginebra, Suiza.
Al realizar este ejercicio, México reafirma su compromiso con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, así como su apertura al diálogo y al escrutinio internacional.
Durante el diálogo, quienes integran el CERD solicitaron a la delegación mexicana información sobre los principales avances en la implementación de dicha convención, los cuales fueron reportados por México en el informe periódico consolidado XXII a XXIV presentado en 2022.
Entre los temas abordados se encuentran la situación de pueblos indígenas y de las personas afrodescendientes, el acceso a la justicia, las múltiples formas de discriminación, las estadísticas y las personas migrantes, entre otros.
La delegación mexicana dio respuesta a las preguntas del comité y destacó los principales avances que se han alcanzado en materia de combate a la discriminación. Se enfatizó que la política de derechos humanos en México se ha enfocado en el combate a la pobreza y las causas estructurales de la desigualdad, así como de la discriminación y las violencias, sin dejar de reconocer la diversidad y riqueza del país.
El titular de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Krhistian Mahatma Hernández García, expuso que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas son una prioridad para el Gobierno de México, por ello, el presidente de la República, envío al Congreso de la Unión la Iniciativa de Reforma sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el que su contenido transversal es el reconocimiento de los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Es decir, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas podrán tomar libremente sus decisiones en sus asambleas comunitarias, instituir sus formas de gobierno y organización, implementar su desarrollo económico, social y cultural.
La presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), organismo descentralizado sectorizado de la Secretaría de Gobernación (Segob), Claudia Olivia Morales Reza, resaltó el compromiso del Estado mexicano para escuchar las voces de quienes enfrentan el racismo y el clasismo, reconociendo la deuda que aún persiste en estos ámbitos e hizo hincapié en que, si bien todas las personas son diferentes, también todas son iguales en derechos.
La delegación de México estuvo conformada además de la presidenta del Conapred, por el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto de León Huerta; el titular de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Krhistian Mahatma Hernández García; el director general de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Guerrero Zazueta; y la representante permanente de México ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales con sede en Ginebra, Francisca E. Méndez Escobar, además de personal servidor público de la SRE.
Asimismo, de manera remota participaron la directora general del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Tobyanne Ledesma Rivera, y la directora de Resoluciones Internacionales también de Gobernación, Carolina Hernández Nieto.
