Testigos sociales inhiben corrupción en compras públicas: INAI

También expertos de la sociedad civil recomiendan incluir la evaluación de diversas proposiciones para garantizar el mayor valor por el dinero.  

Redacción

Para disminuir el riesgo de corrupción en la adquisición de bienes y servicios públicos, es necesario fomentar la participación de la figura de testigo social; contar con datos e información oportuna y accesible relacionada con sanciones y multas, y profesionalizar a las personas servidoras públicas a cargo de los procesos de contratación, consideró Norma Julieta del Río Venegas, Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

Durante su participación en el Seminario internacional de contratación pública, “comprar bien, para vivir mejor”, la integrante del Pleno del INAI recordó que en 2019 el gasto de la administración pública federal en compras públicas fue de 249 mil 432 millones de pesos; en 2020, de 477 mil millones aproximadamente; equivalente a un crecimiento promedio anual de 9.71 por ciento. En este último año, representó el 4.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). 

Las compras, remarcó la Comisionada, “deben ser planeadas y ejecutadas, prevaleciendo el beneficio de la población y considerando el mejor uso de los recursos; sin embargo, las cifras registradas por las dependencias y entidades de la administración pública federal evidencian que los criterios establecidos en el artículo 134 de la Constitución no imperan en los incentivos que se tienen que revisar para las contrataciones”. 

Asimismo, explicó que hay un protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, el cual responde a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. 

Del Río Venegas destacó que entre las recomendaciones hechas por diferentes organizaciones de la sociedad civil para evitar la corrupción cuando se hacen contrataciones públicas, destaca el fomentar la participación de pequeñas y medianas empresas, así como de empresas innovadoras, aunado a establecer la investigación de mercado como medio de obtención de información sobre las características y precios de los bienes y servicios a contratar, y estar en condiciones de tomar decisiones objetivas. 

También expertos de la sociedad civil recomiendan incluir la evaluación de diversas proposiciones para garantizar el mayor valor por el dinero.  

Por otra parte, la Comisionada del INAI remarcó que, hasta el momento, hay 19 organismos garantes de igual número de entidades federativas que cuentan con la herramienta de contrataciones abiertas que funcionan a la vista de toda la gente, como Chihuahua, Colima, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

Por otra parte, consideró benéfico que, para combatir la corrupción en las compras públicas, trabajen de manera coordinada los Sistemas Nacionales de Transparencia, Anticorrupción y Fiscalización, y que todos funcionen en un mismo sistema electrónico con información armonizada. 

Por su parte, el Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Chiapas, Hugo Alejandro Villar Pinto, dijo que en el imaginario social persiste la idea de que las compras y adjudicaciones gubernamentales benefician sólo a un grupo de contratistas privilegiados, lo que contradice la normatividad en la materia; llamó a “blindar los procesos, de modo que sean competitivos, accesibles, transparentes y evaluables; que sea posible la revisión de la ejecución de los recursos públicos de modo que no exista duda de cómo se gasta el recurso asignado, a quiénes se le asigna, y además si los servicios prestados, la obra entregada cumple con los requisitos de satisfacción para los cuales fueron destinados”. 

En su intervención, Francisco Ciscomani Freaner, Consejero del INAI y Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, refirió que en cada fase de la contratación debe haber un proceso transparente que revele la subcontratación, lo que se podría observar a través de un solo portal en internet, donde se aprecie la regulación aplicable, las partes interesadas en vender, los sistemas de búsqueda de precios en el mercado y los comparativos de éstos, a lo que se suma “tener un orden jerárquico real para asegurar cadenas de rendición de cuentas bien definidas (…) de otra forma mucha gente está influyendo sobre la contratación posiblemente está haciendo las cosas mal y está realmente rompiéndose las cosas por la cadena más delgada que sería un funcionario o funcionaria de menor nivel”. 

En el encuentro también participó Tania Perich Iglesias, Directora General de Chile Compra, además de representantes de la sociedad civil, organismos garantes y Sistemas Anticorrupción de Hidalgo, Campeche y Chiapas.