También se aplicarán medidas para fortalecer la toma de conciencia en la erradicación del estigma y la discriminación hacia quienes enfrentan problemas mentales y/o de adicciones.
Redacción
La salud mental y la prevención de las adicciones tienen carácter prioritario en las políticas públicas, conforme a la Constitución Política y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por ello, la aprobación el día de hoy por parte del Poder Legislativo del dictamen que reforma diversos artículos de la Ley General de Salud, representa un paso muy importante, ya que fortalece el acceso universal, igualitario y equitativo de la atención.
Además, fortalece la función rectora e integral en la materia, congruente con el objetivo de fusionar en una instancia al Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental (STConsame), la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) y los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP).
El director general de los Servicios de Atención Psiquiátrica, Juan Manuel Quijada Gaytán, mencionó que los cambios legales plantean un nuevo modelo comunitario de salud mental y adicciones, con un enfoque de Atención Primaria a la Salud. Se trata de un modelo con perspectiva de género y participativo, respetuoso de la dignidad y derechos humanos.
En ese contexto, detalló, la persona tiene el derecho a no ser sometida a medidas de aislamiento, contención coercitiva o cualquier práctica que constituya tratos crueles, inhumanos o degradantes, ya que con estas modificaciones a la ley, se elimina el modelo de aislamiento para fomentar la integración de las y los pacientes a la sociedad.
El especialista en psiquiatría indicó que también se aplicarán medidas para fortalecer la toma de conciencia en la erradicación del estigma y la discriminación hacia quienes enfrentan problemas mentales y/o de adicciones.
Además, las personas prestadoras de servicios de salud, públicos o privados, están obligadas a comunicar a las y los pacientes y sus familiares, los beneficios, riesgos y las alternativas de tratamiento, para que acepten o rechacen la realización del diagnóstico o el tratamiento. La decisión que tomen y la voluntad anticipada deben quedar de manifiesto por escrito.
El director general de los SAP aclaró que cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, es obligación del personal de salud implementar apoyos y ajustes razonables conforme a la edad para que se tome en cuenta su voluntad y preferencias.
Subrayó que el fin último es la recuperación de las personas para el despliegue de sus potencialidades, así como facilitar el acceso y la continuidad a servicios gratuitos en la comunidad.
Mencionó que la última modificación a la Ley General de Salud en el rubro de salud mental fue en 1984, por lo que el nuevo modelo responde a los estándares internacionales y significa “hacer efectivo el derecho a la capacidad jurídica de todas las personas, su libertad personal y su seguridad”, dijo.
Además, se conformarán equipos de respuesta inmediata con personas expertas comunitarias en el manejo de situaciones de crisis. En caso necesario, los pacientes se canalizarán a unidades médicas especializadas.
Quijada Gaytán mencionó que esta modificación legal en materia de salud mental y adicciones representa un gran avance para las políticas públicas, porque la atención primaria y la comunidad serán la base para el nuevo sistema de salud. Las familias podrán contar con servicios cerca de sus hogares o sitios de residencia. “Será como ir a consulta médica por gripe u otra enfermedad”.
Reconoció que, para que esta ley no sea letra muerta, se trabajará permanentemente en las comunidades y habrá actualización continua para responder a las necesidades de las personas.
Señaló que la Secretaría de Salud ofreció asistencia técnica para el analisis de la modificación a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones.
