Resoluciones del INA facilitan el acceso a la información medioambiental y el cumplimiento del acuerdo de Escazú

El INAI y OSC en pro de un entorno seguro y propicio para que ambientalistas actúen sin amenazas, restricciones e inseguridad: Adrián Alcalá.

Sicom Noticias

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) garantiza el acceso a la información medioambiental y trabaja para generar un entorno seguro y propicio en el que las personas defensoras del medio ambiente actúen sin amenazas, restricciones e inseguridad, señalaron Adrián Alcalá Méndez y Blanca Lilia Ibarra Cadena, Presidente y Comisionada de esta institución, respectivamente, durante el Conversatorio de acceso a la información ambiental: el camino y los retos en la implementación del Acuerdo de Escazú en México.

En el evento, organizado por el INAI para conmemorar el Día Mundial de la Tierra y la ratificación del Acuerdo de Escazú (Acuerdo sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe), especialistas analizaron la relevancia del derecho a saber para gozar de un medio ambiente sano, así como las oportunidades e implicaciones de la implementación de dicho instrumento regional. 

En su intervención, el Comisionado Presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez, sostuvo que el Acuerdo de Escazú ha permitido colocar el cuidado del medio ambiente y su preservación en un lugar prioritario en la agenda pública global, impulsando acciones y sinergias para la construcción de políticas, prácticas y casos de éxito, además de esfuerzos multilaterales para generar soluciones en favor de la protección del medio ambiente, basadas en el ejercicio de los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia ambiental.

“Desde el Pleno del INAI, estaremos siempre presentes en los tres pilares y, junto con la sociedad civil organizada y la sociedad en general, buscaremos garantizar lo que establece el artículo noveno de este Acuerdo de Escazú, es decir, generar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”, destacó. 

A su vez, la Comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, explicó que el Acuerdo de Escazú es un esfuerzo regional para alcanzar, entre otros aspectos, el acceso a la información en materia ambiental y consideró urgente concientizar a toda la población sobre el calentamiento global; detalló también que los integrantes del organismo garante nacional están convencidos de que los principios del Acuerdo de Escazú son pilares para contrarrestar el deterioro medioambiental.

“Semana a semana, las Comisionadas y el Comisionado resolvemos distintos temas que tienen que ver con autoridades que han negado información o han dado la información incompleta y que puede servir de mucho, no solamente para prevenir, sino también para demandar una mayor rendición de cuentas y un seguimiento puntual a lo que corresponde en aquellos programas de trabajo de dependencias públicas que tienen funciones específicas y que, en muchísimos casos, traen un grave impacto ambiental de las distintas obras”, indicó.

Asimismo, presentó un informe de las acciones del INAI en el marco del Acuerdo de Escazú, entre las que destacan la realización de 40 jornadas de sensibilización y capacitación a sujetos obligados; cuatro publicaciones relacionadas con el aprovechamiento del acceso a la información; la inclusión, en la Alianza para el Gobierno Abierto, de metas medioambientales específicas que se cumplieron al 100 por ciento; la inserción, en el PlanDAI, de proyectos de incidencia en el medio ambiente; y, la concreción de alianzas internacionales con Alemania y Chile.

En su turno, Aquilino Vázquez García, Director del Seminario de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), refirió que para implementar verdaderamente el Acuerdo de Escazú es necesario establecer en México un sistema de impartición, fiscalización y procuración de justicia ambiental, sumados al acceso a la información y la participación ciudadana.

Asimismo, expresó que los maestros y alumnos la Facultad de Derecho de la UNAM estudian materias adicionales para la correcta implementación del Acuerdo de Escazú, “como es el derecho indígena, el derecho urbanístico, el derecho agroalimentario; hoy en día, no se puede pensar en ninguna de estas materias sin el componente ambiental y podría ir aún más allá, incluso en los temas de litigio estratégico, incluso en la parte laboral, el medio ambiente laboral”.

Durante su participación, Luis Gabriel Rojas, Coordinador de Construcción de Ciudadanía y Desarrollo de Capacidades Sociales, de la Secretaría de Gobernación, destacó que el eje central para la implementación del Acuerdo de Escazú es la participación pública o social, pues es lo que en realidad permitirá definir acciones concretas para proteger el medio ambiente.

“Desde el gobierno de México, impulsamos la participación social efectiva que quiere decir que haya diálogo con la ciudadanía, que de ese diálogo haya deliberación y de esa deliberación se generen acuerdos y se cumplan”, recalcó.

Daniela Torres Mendoza, Asesora Técnica de la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ en alemán), consideró que México debe seguir siendo un referente en Latinoamérica en materia medioambiental y, en ese mismo aspecto, se debe propiciar la cooperación internacional en las líneas de género, gestión del conocimiento y la difusión en un lenguaje ciudadano en materia de medio ambiente.

“A tres años de la implementación, ahora para nosotros es crítico el siguiente paso, seguir trabajando en una transversalización de la perspectiva de género en el Acuerdo de Escazú, para que todas estas herramientas reflejen la oportunidad para para hombres y para mujeres, de participar equitativamente para obtener acceso a la justicia y, obviamente, acceso a la información”, subrayó.

En su oportunidad, María Lourdes Hernández, Coordinadora de la Comisión de Derecho Ambiental y Sostenibilidad de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, dijo que el Acuerdo de Escazú ha sido un instrumento relevante para la garantía del derecho a un medio ambiente sano y otros derechos; sin embargo, recalcó la necesidad de que instancias de gobierno garanticen el acceso a la información medioambiental.

“Es importante que la información esté ahí: manifestaciones de impacto ambiental, programas de reordenamiento ecológico, normas oficiales mexicanas, programas de manejo de áreas naturales protegidas, entre otras”, apuntó. 

En el evento participó también la Secretaria de Acceso a la Información del INAI, Ileana Hidalgo Rioja, y se dieron cita representantes de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Secretaría de Energía (SE), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Petróleos Mexicanos (Pemex), Nacional Financiera (Nafin) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), instancias involucradas en la implementación del Acuerdo de Escazú.