A través de convenios, los tribunales y el Centro de Conciliación Laboral recuperaron durante 2022 más de 210 millones de pesos en favor de trabajadoras y trabajadores de la entidad.
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La Secretaría de Trabajo (ST) reanudó las reuniones del “Grupo Interinstitucional para la Implementación de la Reforma Laboral en el Estado de Puebla”, e informó que en 2022, a través de la conciliación y convenios en los tribunales, fueron recuperados 210 millones 945 mil 791 pesos en favor de trabajadoras y trabajadores de la entidad.
Gabriel Biestro Medinilla, titular de la dependencia, afirmó que como parte del trabajo coordinado con el Gobierno Federal periódicamente son revisados los avances en la implementación del nuevo modelo de justicia laboral por parte de las instancias involucradas, como lo son los poderes Judicial y Legislativo, así como la autoridad estatal.
Por su parte, Leticia Ahuactzin Oyarzabal, subsecretaria de Empleo, Participación e Inspección de la Secretaría de Trabajo y secretaria técnica del grupo interinstitucional, informó que el Centro de Conciliación Laboral logró 7 mil 183 acuerdos colectivos e individuales en favor de trabajadoras y trabajadores con un monto de 189 millones 216 mil 311 pesos.
Explicó que en el caso de los tribunales laborales de Puebla y Tehuacán se evitaron 265 juicios y, través de convenios recuperaron un total de 21 millones 729 mil 480 pesos en litigios que mantenían empleados y patrones.
A la reunión también asistieron Jorge Ramón Morales Díaz, magistrado presidente de la Comisión de Implementación y Consolidación de la Reforma Constitucional en Materia de Impartición de Justicia Laboral del Poder Judicial del Estado de Puebla; Alejandro Varela López, juez del Primer Tribunal Laboral del Estado de Puebla y enlace del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial; Josefina Morales Guerrero, titular de la Unidad de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Planeación y Finanzas; Sandra Rosas Castillo, directora general del Centro Conciliación Laboral; Alejandro Álvarez Tecua, procurador de la Defensa del Trabajo y Patricia Olarte Córdoba, directora general de la Defensoría Pública.
