Las investigaciones surgen a raíz del conflicto sobre ciertos terrenos para los que existen simultáneamente títulos de propiedad privados y un título de propiedad ancestral a favor de la comunidad de Cristales y Río Negro.
Redacción
Expertos de la ONU instaron este día al Gobierno de Honduras a poner fin a la detención arbitraria y criminalización de defensores de derechos humanos de la comunidad garífuna.
Tres defensoras de los derechos humanos, Silvia Bonilla Flores y las hermanas Marianela y Jennifer Mejía Solórzano, fueron detenidas acusadas de robo con violencia o intimidación, usurpación, daños y amenazas.
Según la información recibida, las investigaciones surgieron a raíz del conflicto sobre ciertos terrenos para los que existen simultáneamente títulos de propiedad privados y un título de propiedad ancestral a favor de la comunidad de Cristales y Río Negro.
En el marco de estas acusaciones se encuentran pendientes 29 órdenes de captura en contra de personas defensoras de los pueblos garífunas.
“El gobierno debe de abstenerse de utilizar la legislación penal nacional como una herramienta de intimidación en perjuicio de las personas defensoras de derechos humanos”, dijo la relatora Mary Lawlor.
“Estas tres valientes defensoras están siendo perseguidas por el trabajo que realizan en defensa de esta comunidad y ahora enfrentan penas de larga duración de 10 años o más por la labor que realizan”, agregó.
