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Reitera AMLO respeto al derecho de huelga de trabajadores del Poder Judicial, pero enfatiza ilegalidad del paro

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El paro de labores fue decidido por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, con una votación de mil 202 votos a favor y 201 en contra.

Sicom Noticias

El presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó su respeto al derecho de manifestación y huelga de los trabajadores del Poder Judicial, quienes han decidido iniciar un paro de labores el próximo 21 de agosto. No obstante, el mandatario señaló que este paro es ilegal según la ley, aunque aclaró que no le corresponde a su gobierno sancionar dicha acción, sino al Consejo de la Judicatura.

Durante su conferencia matutina, López Obrador ironizó sobre el impacto del paro en la justicia, afirmando que la mayoría de los mexicanos no notará la ausencia de actividades en el Poder Judicial. Incluso insinuó que la suspensión podría ser beneficiosa, al evitar la liberación de delincuentes que a menudo ocurre debido a decisiones judiciales.

El paro de labores fue decidido por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, con una votación de mil 202 votos a favor y 201 en contra. Los trabajadores judiciales anunciaron que la suspensión de actividades comenzará el 21 de agosto en todos los juzgados y tribunales federales del país.

Este movimiento surge como respuesta a la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente López Obrador y su partido Morena, que ha generado controversia y oposición entre los miembros del Poder Judicial, quienes argumentan que la reforma pone en riesgo la independencia judicial y la división de poderes.

La huelga y las críticas de López Obrador reflejan la creciente tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en México, en un contexto donde la autonomía judicial y las reformas propuestas son temas de debate nacional. Mientras los trabajadores del Poder Judicial defienden su derecho a la huelga como una forma de proteger su independencia, el gobierno federal cuestiona la legalidad y el impacto de estas acciones.