Las y los diputados guardaron un minuto de silencio en memoria del exdiputado de San Luis Potosí, Pedro Carrizales “El Mijis”, quien falleció en un accidente automovilístico.
Redacción
En sesión ordinaria de la LXI Legislatura del Congreso del Estado la Mesa Directiva dio cuenta de una iniciativa de decreto presentada por integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política por la que se derogan los artículos 207 y 208 del Código Penal del Estado, correspondiente al delito de ultraje de la autoridad para eliminarlo del ordenamiento jurídico, porque atenta contra la libertad de expresión.
El delito de ultraje a la autoridad es todo aquel acto que suponga una ofensa, insulto o agresión, de forma física o verbal, dirigida contra un funcionario o un servidor público, con motivo del cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de ellas. Por lo que esta iniciativa busca proteger los derechos humanos de todas las personas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad en sentencia en 2021 y un grupo de senadores presentó un exhorto a los congresos locales de 18 estados del país a derogar el delito, que se contrapone jurídicamente con los principios de presunción de inocencia, el libre desarrollo de la personalidad y libertad de expresión.
La iniciativa para derogar los artículos 207 y 208 del Código Penal es porque se considera que con ellos se legitiman abusos contra los ciudadanos, pues las sanciones de tipo penal desestiman las garantías de derechos humanos y congratula el abuso de la autoridad.
El dictamen fue turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.
El dictamen fue turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.
PROPONEN INICIATIVA PARA COMBATIR CIBERDELINCUENCIA
En otro momento del orden del día, el diputado Fernando Morales Martínez presentó una iniciativa de decreto para reformar los artículos 479 y 479 Bis del Código Penal del Estado para crear una Estrategia Estatal contra el combate de la ciberdelincuencia, en coordinación con la política cibernética, impulsando programas institucionales y académicos para concientizar a la ciudadanía del uso indebido de las tecnologías de la información y la comunicación.
El dictamen fue turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.
