Reafirma Gobierno de México su voluntad de resarcir deuda histórica con el Valle de Uxpanapa

Se construye el Plan de Justicia de las comunidades chinantecas y mazatecas de Oaxaca; asentadas hace cinco décadas en el Valle del Uxpanapa, Veracruz, por la construcción de la presa “Cerro de Oro”.

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Con el objetivo de reivindicar la deuda histórica con las comunidades chinantecas y mazatecas de Oaxaca; reubicadas por la construcción de la presa “Cerro de Oro”, hace cinco décadas, el Gobierno de México y los pueblos originarios del Valle de Uxpanapa, Veracruz; avanzan en la construcción de su plan de justicia bajo el tema de derecho a la tierra y el territorio.

Al encabezar estos trabajos, el coordinador de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Hugo Aguilar Ortiz; señaló que el problema sobre el desplazamiento de las comunidades; debido a la construcción de la presa “Cerro de Oro”, es complejo porque data de 1972, cuando el gobierno de Luis Echeverría Álvarez decidió con esta obra controlar las inundaciones del río Papaloapan; lo que obligó al desplazamiento de comunidades.

Estas comunidades desplazadas, reiteró, fueron reubicadas en el valle de Uxpanapa, Veracruz; y el gobierno creó la comisión del Papaloapan; organismo que tendría que materializar los acuerdos para crear mejores formas de vida que tenían en su original Ojitlán; pueblo que fue inundado con la presa.

Acordaron en esa época, mejores carreteras; propiedad sobre las tierras; proyectos de desarrollo y su propio municipio; pero nunca se cumplió, recordó el abogado indígena.

En el lugar donde fueron establecidos, el gobierno ofreció el desmonte para cultivo y abrió una carretera de 150 kilómetros y una compañía llamada “Fideicomiso para el aprovechamiento de la madera utilizable”; de la selva de Uxpanapa, que se encargó de saquear los bosques y en nada benefició a los pueblos, narró Hugo Aguilar.

“Fue así como los regímenes autoritarios y cacicazgos propiciaron en las comunidades chinantecas y mazatecas, injusticias; marginación; pobreza; rezago; de ahí la necesidad y urgencia de construir un plan de justicia que atienda las demandas de estos pueblos originarios”.

En este sentido, explicó que a pesar de que el desplazamiento es un problema añejo y complicado, el Gobierno de México tiene toda la voluntad y disposición de dialogar a fin de avanzar en la construcción del plan de justicia.

“Estamos conscientes de que en una sola reunión no vamos a solucionar un problema tan complejo; pero les puedo asegurar que en lo que queda de este gobierno vamos a avanzar y sentar las bases; para lograr reconstruir al pueblo chinanteco y mazateco”.

Valle de Uxpanapa busca certidumbre jurídica

En tanto, el agente municipal de la congregación Villa Juárez, Emiliano Ramos Quintero; reconoció que el plan de justicia permitirá abordar la problemática agraria y subsanar los compromisos que hizo el gobierno desde hace cinco décadas.

“Tenemos documentos en los que el gobierno se comprometió para atender nuestras necesidades; después de sacarnos de nuestra zona de origen, donde fue construida la presa e inundadas nuestras tierras”.

Consideró que se pueden incursionar programas para apoyar a los 15 poblados y diversas congregaciones que se instalaron en el Valle del Uxpanapa; desplazados desde San Lucas Ojitlán, municipio de Oaxaca donde se construyó la presa “Cerro de Oro”.

Explicó que se están llevando a cabo foros para establecer los compromisos del gobierno.

“Nuestra demanda principal es agraria, porque no se nos ha entregado la tierra que se nos prometió y estamos viviendo en una zona urbana que no nos pertenece; pero también temas de urbanización; calidad del suelo y calidad de vida; queremos certidumbre jurídica”.