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Preliberan a 5 mil 546 mujeres y hombres que no cometieron delitos graves

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Al presentar el informe quincenal de seguridad en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria federal puntualizó que “se trata de hacer justicia”.

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En los últimos nueve meses, 5 mil 297 personas han obtenido su libertad anticipada y se han otorgado 249 amnistías en todo el país, informó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

Lo anterior en atención a la instrucción presidencial para ayudar a personas que no han cometido delitos graves, que no pudieron pagar un abogado, que no tienen traductor o han enfrentado dificultades.

Al presentar el informe quincenal de seguridad en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria federal puntualizó que “se trata de hacer justicia”.

Detalló que los beneficiados son mujeres, adultos mayores, indígenas, extranjeros, personas con enfermedades crónico-degenerativas, con discapacidad permanente o en pobreza, indígenas, víctimas de intimidación o discriminación que cumplieron con los requisitos de ley.

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó que como parte de las preliberaciones en el caso Aguas Blancas, Gilberto Aguirre obtuvo su libertad anticipada el pasado 30 de marzo, luego de que esta dependencia, en coordinación con la Secretaría de Gobernación (SEGOB) llevaron a cabo gestiones para que se pagaran los casi 80 mil pesos de multa que requería el juez como reparación del daño.

En tanto, Orlando Avilés y Antonio Barragán continúan presos, pero se sigue trabajando para lograr su liberación.

Sobre el médico tradicional peruano, Lauro Hinostroza, detenido por portación de ayahuasca, la secretaria Rodríguez agradeció la intervención de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR) y del juez, ya que se prevé que en breve cambie la medida cautelar.

En esta instrucción presidencial intervienen: la SSPC, la SEGOB, el Poder Judicial, la FGR y las fiscalías estatales en aquellos trámites que están estancados para que puedan volver con sus familias.