Reafirmó que la seguridad de las y los poblanos está garantizada a través de estrategias sólidas que se coordinan con el gobierno federal y los municipios.
Adan Morales
El Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, señaló que las ejecuciones y el hallazgo de cuerpos en diferentes puntos de la entidad son producto del ajuste de cuentas entre bandas delictivas; en ese sentido, se pronunció por regionalizar las acciones operativas para lograr mayores resultados.
“Pero si se trata de estrategias por regiones, y esta zona conurbada tan grande de millones de personas debe tener y está teniendo una regionalización. Así es que les digo a las y los poblanos, su seguridad está garantizada”, enfatizó.
Reafirmó que la seguridad de las y los poblanos está garantizada a través de estrategias sólidas que se coordinan con el gobierno federal y los municipios; esto, ante los resultados de la encuesta trimestral de percepción de inseguridad en el país.
“Que la gente se cuide, nosotros lo estamos haciendo cada vez mejor, hablo de los órdenes de Gobierno, la Federación, el estado y municipios, pero que no sientan que viven en un estado de inseguridad por completo”, expuso.
Barbosa Huerta señaló que los municipios deben fortalecer las tareas de coordinación para enfrentar a la delincuencia.
“Yo no vengo a decir que algún orden de gobierno es el responsable, todos somos responsables y no evado los problemas, los asumo, y es la forma de cómo enfrento la problemática del estado, porque la solución de la problemática es la promoción a la imagen”, destacó.
Reiteró que entregará patrullas a municipios con menos recursos, proceso que está en marcha y se consolidará una vez se liberen las unidades por parte de las concesionarias al registrarse una crisis de producción.
Sobre el cateo que realizó la Fiscalía General del Estado en una casona ubicada en el Paseo Bravo, dijo que hubo 10 personas detenidas que no tienen relación con el hallazgo el cuerpo desmembrado en el Parque de las Ninfas en la ciudad capital.
Por otro lado, habló de la disculpa pública del ex funcionario Bernardo Fernández, como parte de un proceso que dictó el Poder Judicial del Estado.
