Autoridades estatales indicaron que haber dado ese monto afecta a la operatividad de la administración; no obstante, está garantizado el pago para diversos rubros.
Adan Morales
El Gobierno del Estado pagó al Servicio de Administración Tributaria 2 mil 600 millones de pesos por un litigio que surgió en la administración de Rafael Moreno Valle en 2015, derivado de un proceso irregular de reintegración de impuestos de los años 2009 y 2010; explicó la secretaría de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro
“Por un manejo indebido por un descuido por una falta de pago no sé si a propósito, pero si con una intención que lacera y lastima al estado y nos mueve para generar otro tipo de proyecciones”, expuso
La funcionaria estatal explicó que en 2015 el entonces gobierno moreno vallista contrató un despacho de asesoría fiscal y éste recomendó hacer una gestión ante el SAT para la devolución de impuestos.
“La autoridad en 2015 a finales de 2015 devuelve una parte y en los primeros meses de 2016 regresa otra parte la suma de estas dos devoluciones es de 702 millones de pesos a la asesoría se le paga un bono de caso de éxito de estos 702 millones”, expresó.
Sin embargo, en 2018, el SAT argumentó que la devolución fue incorrecta al sustentarla en una disposición retroactiva.
“Es decir, las gestiones que hizo el gobierno en 2015 se sustentaron en una disposición del 2008 qué quiere decir que hicimos retroactivo una disposición cuando todavía el gobierno ni siquiera estaba adherido las disposiciones fiscales”, refirió.
La entidad se sumó a las disposiciones fiscales hasta 2011, por lo tanto, al no tener la legalidad, la autoridad tomó este acto como “dolo” y determinó un crédito fiscal.
“Se determinó en ese entonces ligarlo y así empezó el proceso que anteriormente con un beneficio de 700 millones terminó en mil 800 millones y con el litigio que se llevó de 2018 hasta la fecha llegó a la suma de 2 mil 700 millones de pesos”, declaró.
Ante este panorama, la actual administración de Sergio Salomón Céspedes asumió el compromiso de saldar dicha cantidad para no heredar esa deuda al próximo gobierno.
“No cubrir obligaciones fiscales es una acción penal y cómo gobiernos no estamos exentos y con una resolución hay que cumplirla”, sostuvo.
El gobernador Céspedes Peregrina expuso que 2 mil 600 millones de pesos menos a las finanzas del estado afectan la operatividad de la administración, no obstante, está garantizado el pago para diversos rubros.
“Se está buscando cubrir las necesidades prioritarias que no afecte el pago o salario de maestros de médicos de cumplir con todas nuestras obligaciones de impuestos, policías todo ese gasto comprometido está salvaguardado”, agregó.
Subrayó que hay diálogo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el tema para lograr acuerdos y también con el presidente Andrés Manuel López Obrador para gestionar más recursos.
