Al mismo tiempo, añadió que, en base a sus conversaciones, percibió “que existe un reconocimiento general en todo el espectro político y social de la necesidad de reforma”.
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Tras “conversaciones francas”, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos alentó este sábado a las autoridades venezolanas “a dar pasos significativos en la reforma de los sectores de justicia y seguridad”.
En rueda de prensa tras finalizar una vista de tres días a Venezuela, Volker Türk también les instó “a tomar la iniciativa para generar confianza entre las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil, escucharlas, incluirlas de forma significativa en el diálogo y responder a su difícil situación, en particular de las víctimas”.
“Tras mi reunión con el presidente Maduro, expresó públicamente su disposición a trabajar para mejorar el sistema de justicia. Esta es un área clave para la reforma y ofrezco el apoyo y la experiencia de mi Oficina para llevarla a cabo”, afirmó.
Al mismo tiempo, añadió que, en base a sus conversaciones, percibió “que existe un reconocimiento general en todo el espectro político y social de la necesidad de reforma”.
SOLICITUD PARA LA LIBERACIÓN INMEDIATA PARA LAS PERSONAS DETENIDAS ARBITRARIAMENTE
Durante su estancia en Venezuela, el Alto Comisionado tuvo la oportunidad de conversar con personas detenidas arbitrariamente y torturadas, y con familiares de personas asesinados en operaciones de seguridad y manifestaciones. Durante sus encuentros con el presidente Maduro y sus ministros, Türk pidió la liberación inmediata de los arrestados arbitrariamente.
Asimismo, les planteó otras cuestiones como “el amplio y prolongado uso de la prisión preventiva y la necesidad de (emprender) reformas relacionadas con las personas privadas de libertad” y consiguió el compromiso de “que las denuncias de tortura se abordarían con decisión, se investigarían a fondo y los responsables serían llevados ante la justicia”
Del mismo modo, alentó a las autoridades a tomar medidas firmes para acabar con la tortura, y les instó a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, la Convención contra las Desapariciones Forzadas y el Acuerdo Regional Latinoamericano y del Caribe sobre medio ambiente, el Acuerdo de Escazú.
La sociedad civil informó a Türk sobre la situación de las prisiones y la falta de alimentación, de medicinas adecuadas y de acceso a asistencia sanitaria adecuada. Tras sus conversaciones con las autoridades, el Alto Comisionado confió en que próximamente se concederá a su equipo un “acceso sin restricciones a todos los centros de detención dentro del país”.
Del mismo modo, aplaudió el compromiso de las autoridades a derogar el artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar, que criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo.
EL IMPACTO DE LAS SANCIONES EN LOS MÁS VULNERABLES
Durante los encuentros que mantuvo con la sociedad civil, sindicalistas y jubilados conoció de primera mano los problemas económicos a los que se enfrenta Venezuela, incluidos los relacionados “con el salario mínimo y las pensiones, y el impacto que esto tiene en la vida cotidiana de las personas, al restringir el disfrute de sus derechos a la alimentación, el agua, la atención sanitaria, la educación y otros derechos económicos y sociales”.
En el transcurso de sus reuniones con agentes humanitarios y las agencias de la ONU se le comunicó el impacto que provocan las sanciones sectoriales en los segmentos más vulnerables de la población y de los obstáculos que crean para la recuperación y el desarrollo del país, especialmente tras la pandemia de Covid-19.
“Las personas que conocí describieron su lucha por conseguir productos básicos y esenciales para mantener sus medios de vida, la imposibilidad de encontrar medicinas que sus seres queridos tanto necesitan y el impacto mental, la ansiedad y la depresión en que caen al tener que endeudarse cada vez más para sobrevivir”, detalló.
En consecuencia, indicó que, aunque los orígenes de la crisis económica de Venezuela son anteriores a la imposición de sanciones económicas, “es evidente que las sanciones sectoriales impuestas desde agosto de 2017 han exacerbado la crisis económica y obstaculizado el disfrute de los derechos humanos”.
