Presuntamente cometieron los delitos en perjuicio de cuatro personas, dos de ellas periodistas, cuando fueron detenidas y castigadas física a través de actos tendientes a intimidarlas, discriminarlas y obtener información.
Sicom Noticias
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), obtuvo vinculación a proceso en contra de seis servidores públicos municipales de Izúcar de Matamoros, Puebla, por su probable responsabilidad en los delitos de tortura sexual y abuso de autoridad en contra de dos mujeres periodistas y otras personas.
Un Juez de Control con residencia en Puebla, determinó que los más de 100 datos de prueba presentados por la FEADLE, de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), eran idóneos y eficaces para establecer que Abel “S”, Víctor “V”, Alberto “H”, José “T” y Mariela “M”, todos elementos de la policía municipal, y Jesús “V”, quien ostentaba el cargo de Juez Calificador, presuntamente cometieron el delito de tortura en perjuicio de cuatro personas, dos de ellas periodistas, cuando fueron detenidas y castigadas física y psicológicamente a través de actos tendientes a intimidarlas, discriminarlas y obtener información durante su detención de manera ilícita.
Los actos de tortura fueron agravados por haberse realizado tortura sexual y por cometerse con la finalidad de castigar la libertad de expresión de las víctimas.
Igualmente, los cinco primeros fueron vinculados a proceso por el delito de abuso de autoridad por haber detenido arbitrariamente y sin causa justificada a las víctimas mientras realizaban su función periodística en el marco de las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer en Izúcar de Matamoros.
La y los imputados, ya habían sido vinculados a proceso por los delitos de falsedad en informes dados a una autoridad, en el mismo caso; mientras que Jesús “V”, también fue vinculado, pero por usurpar funciones el día en que las víctimas fueron detenidas.
El juzgador determinó un plazo de investigación complementaria de dos meses.
