Relatora destaca que la detención, el retorno, la privación arbitraria de la ciudadanía y sanciones por delitos de inmigración o por ejercer el trabajo sexual iolan tanto el principio de no castigo como el de no discriminación.
Redacción
Los Estados deben garantizar que las víctimas de la trata de personas no sean consideradas responsables de ninguna actividad ilícita realizada como consecuencia directa de su situación, asegura una experta en derechos humanos.
Siobhán Mullally, relatora especial sobre la trata de personas, ha presentado un informe en el que asegura que “la detención, el retorno forzoso, la privación arbitraria de la ciudadanía y la imposición de sanciones por delitos de inmigración o por ejercer el trabajo sexual o la prostitución violan tanto el principio de no castigo como el de no discriminación”.
El informe también aborda la situación de los niños usados como soldados.
“Los niños detenidos por asociación con grupos armados, incluidos los grupos designados como terroristas, deben ser reconocidos como víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario. Debe darse prioridad a la recuperación, la reintegración y la reunificación familiar, no al castigo”, asegura.
