La policía disparó perdigones con escopetas de calibre 12 y cartuchos de gas lacrimógeno directamente contra la cabeza y la parte superior del cuerpo de los manifestantes, de manera indiscriminada y a corta distancia.
Redacción
La investigación de la ONU sobre la represión de las protestas en Perú ha concluido que la policía peruana hizo “un uso innecesario y excesivo de la fuerza”.
Un equipo de la Oficina de Derechos Humanos visitó Lima del 17 al 22 de noviembre, a invitación del gobierno peruano, para recabar información sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas durante protestas para cuestionar la legitimidad del presidente interino, así como para expresar otros motivos de descontento social.
“El informe señala que agentes de la policía no distinguieron entre manifestantes pacíficos -que eran la mayoría- y una minoría que presuntamente actuó de forma violenta”, dijo la portavoz de la oficina, Liz Throsell.
La policía disparó perdigones con escopetas de calibre 12 y cartuchos de gas lacrimógeno directamente contra la cabeza y la parte superior del cuerpo de los manifestantes, de manera indiscriminada y a corta distancia. Dos manifestantes murieron por perdigones de escopeta disparados contra su torso y más de 200 personas, incluidos transeúntes, resultaron heridas.
El informe concluye también que hubo casos de personas detenidas arbitrariamente.
La Alta Comisionada, Michelle Bachelet, pidió que se investiguen todas las denuncias y destacó la importancia de que el gobierno reconociera públicamente que se cometieron violaciones. “El reconocimiento es el primer paso hacia la rendición de cuentas y para evitar la repetición”, dijo Bachelet que considera “fundamental que el mando policial también reconozca que se cometieron violaciones de derechos humanos”.
La investigación de la ONU sobre la represión de las protestas en Perú ha concluido que la policía peruana hizo “un uso innecesario y excesivo de la fuerza”.
Un equipo de la Oficina de Derechos Humanos visitó Lima del 17 al 22 de noviembre, a invitación del gobierno peruano, para recabar información sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas durante protestas para cuestionar la legitimidad del presidente interino, así como para expresar otros motivos de descontento social.
“El informe señala que agentes de la policía no distinguieron entre manifestantes pacíficos -que eran la mayoría- y una minoría que presuntamente actuó de forma violenta”, dijo la portavoz de la oficina, Liz Throsell.
La policía disparó perdigones con escopetas de calibre 12 y cartuchos de gas lacrimógeno directamente contra la cabeza y la parte superior del cuerpo de los manifestantes, de manera indiscriminada y a corta distancia. Dos manifestantes murieron por perdigones de escopeta disparados contra su torso y más de 200 personas, incluidos transeúntes, resultaron heridas.
El informe concluye también que hubo casos de personas detenidas arbitrariamente.
La Alta Comisionada, Michelle Bachelet, pidió que se investiguen todas las denuncias y destacó la importancia de que el gobierno reconociera públicamente que se cometieron violaciones.
“El reconocimiento es el primer paso hacia la rendición de cuentas y para evitar la repetición”, dijo Bachelet que considera “fundamental que el mando policial también reconozca que se cometieron violaciones de derechos humanos”.
