“Tememos que estas restricciones tendrán como efecto coartar la libertad de expresión y asociación de cualquier organización que quiera ser crítica hacia el gobierno”, señala la Oficina de Derechos Humanos.
Redacción
La Oficina de Derechos Humanos considera que la nueva ley en Nicaragua contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo “profundiza la represión del espacio cívico”.
La Oficina de Michelle Bachelet explicó en un comunicado que la ley dificulta el registro de las organizaciones no gubernamentales, obligándolas a solicitar la aprobación del gobierno e imponen nuevas obligaciones como detallar las fuentes de financiación.
La ley también establece una cuota máxima del 25% de “miembros” extranjeros en cualquier organización, “restringiendo así gravemente el derecho de los foráneos a disfrutar de la libertad de expresión y asociación en el país”.
“Tememos que estas restricciones tendrán como efecto coartar la libertad de expresión y asociación de cualquier organización que quiera ser crítica hacia el gobierno”, señala la Oficina de Derechos Humanos.
Además, la legislación entró en vigor en una semana en la que la Asamblea Nacional había votado para despojar a 50 organizaciones de la sociedad civil de su personalidad jurídica por el supuesto incumplimiento de otras disposiciones de la legislación nacional.
