Al cumplirse un año del estado de excepción en el país, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha hecho este martes un llamado a las autoridades de El Salvador para que garanticen que no se detenga a personas sin autorización legal suficiente y que los arrestados gozan de todas las salvaguardias fundamentales que exige el derecho internacional.
El país centroamericano introdujo en marzo de 2022 un estado de excepción inicial de un mes de duración, que se ha renovado periódicamente, para hacer frente a la violencia de las bandas y garantizar la seguridad. Sin embargo, durante este período las autoridades han adoptado varias medidas que suscitan graves preocupaciones en materia de derechos humanos.
La Oficina también pide al Gobierno que permitan a la institución nacional de derechos humanos acceder sin restricciones a todas las instalaciones penitenciarias para que pueda realizar informes periódicos e independientes sobre las condiciones de reclusión.
