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Incrementó 4.7 % el número de recursos de revisión ante el INAI en contra de instituciones públicas

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Los 10 sujetos obligados con el mayor número de recurso de revisión son el IMSS, con mil 478; la Cofepris, con 889; la Sedena, con 510; la SFP, con 480; además del CJF, con 475. 

Redacción

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021, se presentaron ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) un total de 16 mil 671 recursos de revisión en contra de instituciones públicas ante la inconformidad de las personas en la atención de sus solicitudes de información. 

De acuerdo con las estadísticas del Instituto, el número de recursos de revisión incrementó 4.7 por ciento, en comparación con los 15 mil 922 interpuestos en el mismo periodo de 2020. 

Los 10 sujetos obligados con el mayor número de recurso de revisión son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con mil 478; la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), con 889; la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con 510; la Secretaría de la Función Pública (SFP), con 480; el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), con 475. 

Siguen el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con 470; la Secretaría de Salud (SSA), con 451; la Secretaría de Educación Pública (SEP), con 415; la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con 369, y la Fiscalía General de la República (FGR), con 339. 

Al comparar los registros de este año con los de 2020, destaca que el número de recursos de revisión interpuestos en contra de la Cofepris incrementó 92.8 por ciento, al pasar de 461 a 889; el del CJF 60.5 por ciento, al pasar de 296 a 475; el de la SRE 59.7 por ciento, al pasar de 231 a 369; el de la Sedena 51.3 por ciento, al pasar de 337 a 510, y el de la FGR 45.4, al pasar de 229 a 333. 

Las causas más frecuentes que motivaron la inconformidad de las personas fueron la falta de respuesta; la entrega de información en medio electrónico; la incompetencia de la unidad de enlace; la notificación de una prórroga para responder; la inexistencia de la información y la negativa a proporcionarla por ser reservada o confidencial.