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El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de la Función Pública, reafirmó su compromiso con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, tras la sentencia emitida por el fraude cometido por el Banco Accendo en perjuicio del erario público estatal y la sanción impuesta a dos personas servidoras públicas.
La dependencia subrayó que en Puebla nadie está por encima de la ley y que ninguna persona, institución o servidor público, sin importar su cargo, posición económica o militancia política, puede sustraerse de la responsabilidad que implica actuar conforme a derecho.
Asimismo, precisó que, ante cualquier posible delito o comportamiento indebido, el Gobierno del Estado actúa con determinación y estricto apego al marco legal vigente, garantizando siempre el debido proceso y la presunción de inocencia.
“En Puebla no hay persecución, pero tampoco se incurre en omisiones. La justicia y la integridad pública no tienen colores ni excepciones”, enfatizó la Secretaría.
El gobierno encabezado por Alejandro Armenta reiteró que su administración se conduce con respeto absoluto a la ley y con un compromiso inquebrantable hacia el pueblo de Puebla, asegurando que la rendición de cuentas y la integridad institucional seguirán siendo pilares fundamentales de su gestión.
