Enfatizaron que la detención prolongada e indefinida de personas que no han sido condenadas por ningún delito por una autoridad judicial competente e independiente bajo el debido proceso legal.
Redacción
Los detenidos que quedan en la cárcel de la Bahía de Guantánamo corren el riesgo de morir por el rápido deterioro de la salud debido al envejecimiento y los daños físicos y mentales sufridos por condiciones crueles e inhumanas de encarcelamiento, advirtieron este lunes ocho relatores especiales de las Naciones Unidas.
En un comunicado conjunto, los expertos en derechos humanos calificaron ese centro de detención como vergonzoso para el mundo y urgieron el gobierno estadounidense que comenzará en unos días a cerrar de inmediato ese sitio.
“La mera existencia de esta instalación es una vergüenza para Estados Unidos y para la comunidad internacional en su conjunto. Guantánamo debería haberse cerrado hace mucho tiempo ”, puntualizaron.
19 AÑOS DE ARBITRARIEDAD Y ABUSOS
Agregaron que Guantánamo es un lugar “de arbitrariedad y abusos, donde la tortura y los malos tratos son rampantes y continúan institucionalizados, donde el estado de derecho está suspendido de facto y donde se niega la justicia”.
Recordaron que esa cárcel se estableció hace 19 años, el 11 de enero de 2002.
Los relatores señalaron que la pandemia de COVID-19 agrava aún más las vulnerabilidades de salud de la población carcelaria cada vez más vieja.
Para 2003, Guantánamo tenía 700 prisioneros. Hoy quedan 40 detenidos, pero sólo nueve han sido acusados o condenados por algún delito.
Los expertos enfatizaron que la detención prolongada e indefinida de personas que no han sido condenadas por ningún delito por una autoridad judicial competente e independiente bajo el debido proceso legal, es arbitraria y constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante o, incluso, tortura.
COMISIONES MILITARES
A lo largo de los años que lleva existiendo, los especialistas de la ONU en derechos humanos han exigido sistemáticamente el cierre de Guantánamo y la destitución de las comisiones militares por considerarlas incompatibles con las obligaciones de Estados Unidos en virtud del derecho internacional.
Los relatores aseveraron que los detenidos en esa instalación han sido sometidos a torturas o son víctimas de traumas comparables mientras viven en un limbo legal, fuera del alcance del sistema judicial constitucional estadounidense.
Apuntaron que las comisiones militares todavía están en procesos previos al juicio sobre mociones para suprimir pruebas que han resultado de actos de tortura. Esos procedimientos podrían tomar años, por lo que no se esperan juicios a corto plazo, lo que acarrearía una detención indefinida de los reclusos.
“Las comisiones militares violan los requisitos de imparcialidad, independencia y no discriminación y nunca debieron haber sido utilizadas en la forma en que se les usó en Guantánamo. Estas personas deben recibir una audiencia justa y pública por parte de un tribunal civil competente, independiente e imparcial previamente establecido por ley ”, subrayaron los expertos.
Hasta ahora sólo se ha autorizado, desde hace mucho tiempo, la transferencia de seis presos y se dictaminó la liberación de uno más recientemente. Sin embargo, todos permanecen encarcelados.
LIBERACIÓN O REPATRIACIÓN
“Llamamos a las autoridades estadounidenses a que procesen a las personas detenidas en Guantánamo, en pleno cumplimiento de las leyes de derechos humanos, o a que se les libere o repatríe inmediatamente respetando el principio de no devolución”, acotaron.
Insistieron en que Estados Unidos debe respetar sus obligaciones legales internacionales, llevar a cabo investigaciones prontas e imparciales de presuntas violaciones de derechos humanos y brindar reparación y rehabilitación a quienes han sufrido detenciones arbitrarias prolongadas o cualquier forma de tortura o malos tratos.
“Con la entrada de un nuevo gobierno en Estados Unidos y a medida que nos acercamos al vigésimo aniversario del 11 de septiembre, Guantánamo debe cerrarse para siempre”, concluyeron.
Los firmantes del comunicado son Nils Melzer, relator especial sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria: Leigh Toomey, Elina Steinerte, Miriam Estrada-Castillo, Mumba Malila, Seong-Phil Hong; y las relatoras especiales sobre ejecuciones sumarias o extrajudiciales, Agnes Callarmard, y sobre la protección de los derechos humanos en la lucha antiterrorista, Fionnuala Ní Aoláin.
