Al adoptar un lenguaje impreciso, la reforma parece perseguir “la disolución de facto de la separación y el control mutuo entre los distintos poderes del Estado”.
Sicom Noticias
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua expresó su profunda preocupación por una amplia enmienda a la Constitución del país aprobada la semana pasada la cual otorga al Gobierno del Presidente Daniel Ortega un poder prácticamente ilimitado sobre la población.
La enmienda, aprobada por la Asamblea Nacional el 22 de noviembre, amplía el mandato presidencial de cinco a seis años, eleva el papel de la Vicepresidencia –que actualmente ocupa la esposa de Ortega– al de “copresidenta”, y elimina la prohibición constitucional de censurar a la prensa. También establece que todos los derechos fundamentales pueden ser suspendidos durante un estado de emergencia y rebaja el umbral que permite la intervención del ejército en la acción policial interna, que ahora puede ser solicitada por el Gobierno siempre que lo exija la “estabilidad” del Estado.
“Con esta reforma –la duodécima desde que Daniel Ortega volvió a la presidencia en 2007– el Gobierno actual parece tener como objetivo legalizar y consolidar su control sobre el poder sin restricciones”, afirmó Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos.
Al adoptar un lenguaje impreciso, la reforma parece perseguir “la disolución de facto de la separación y el control mutuo entre los distintos poderes del Estado”.
El Grupo de Expertos hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que inste al Gobierno nicaragüense a restablecer inmediatamente la separación de poderes y otros principios democráticos.
