El amplio alcance sancionador de la ley estadounidense que entró en vigor en junio podría afectar a cualquier extranjero que ayude a la reconstrucción del país devastado.
Redacción
La relatora Alena Douhan habló sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, y pidió este martes a los Estados Unidos que levanten las sanciones que impiden la construcción de infraestructura civil destruida durante el conflicto en Siria.
Dijo que las sanciones que aplican los Estados Unidos bajo la denominada Ley Cesar, que establece las sanciones de mayor alcance jamás aplicadas contra Siria, violan las garantías fundamentales del pueblo sirio, “cuyo país ha quedado destruido por un conflicto de diez años todavía en curso”.
“El conflicto y la violencia ya han producido un gran impacto en la capacidad del pueblo sirio para materializar sus derechos fundamentales, habiendo dañado ampliamente casas, unidades médicas, escuelas y otras instalaciones”, añadió.
El amplio alcance sancionador de la ley estadounidense que entró en vigor en junio podría afectar a cualquier extranjero que ayude a la reconstrucción del país devastado, e incluso a los empleados de empresas extranjeras y operadores humanitarios.
“Me preocupa que las sanciones impuestas en virtud de la Ley Cesar puedan exacerbar la ya grave situación humanitaria en Siria, especialmente en el curso de la pandemia COVID-19, y que expongan al pueblo sirio a un mayor riesgo mayor de sufrir violaciones de los derechos humanos”, afirmó.
Al mismo tiempo, la relatora señaló que debe respetarse el derecho del pueblo sirio a una vivienda adecuada y garantizar su acceso a los servicios esenciales
“Impedir el acceso a los materiales necesarios para reparar la infraestructura dañada por el conflicto tendrá un impacto negativo en los derechos humanos del pueblo sirio y puede preservar los efectos traumáticos de un conflicto que ya tiene un decenio de duración”, explicó.
Añadió que de garantizarse el levantamiento a la importación de la ayuda humanitaria y los materiales de construcción necesarios podría facilitar el regreso de las personas desplazadas a medida que se repara la infraestructura.
Por el contrario, explicó que si se impide la reconstrucción y las personas siguen viviendo en condiciones inhumanas y degradantes, ello podría afectar a su integridad física y mental, y, en algunas circunstancias, podría equivaler a un trato cruel, inhumano o degradante.
