Manuel Flores
El pleno del Congreso del Estado acordó continuar con el análisis para castigar hasta con 10 años de prisión la prestación del servicio de transporte público y mercantil “pirata”, así como el servicio de arrastre que no cuente con la documentación necesaria.
Dicha propuesta será turnada nuevamente a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, donde se determinará si es conveniente establecer la misma sanción a los tres conceptos.
Esta reforma al Código Penal fue presentada por el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, y busca sancionar transporte público, taxis y grúas que operen de manera irregular.
Además, esta reforma pretende implementar una sanción económica de 100 a 500 unidades de medida y actualización.
ARP
