El ejercicio de recursos destinados a la búsqueda e identificación de personas debe ser bajo altos estándares éticos

Es importante resaltar que existen entes que cuentan con atribuciones para vigilar la ejecución de los subsidios, tales como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y los órganos internos de control.

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En semanas recientes han surgido diversas notas relacionadas con el ejercicio por parte de las entidades federativas de los subsidios federales otorgados desde la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB)de la Secretaría de Gobernación, al respecto se informa lo siguiente:

De 2019 a 2022 se han otorgado más de mil millones de pesos en subsidios a la mayoría de las comisiones locales de búsqueda para su fortalecimiento. Con dicho recurso, además, se han fortalecido las capacidades forenses en diversos estados. Ejemplo de ello son los centros de identificación, laboratorios, centros de resguardo temporal de cuerpos y osteotecas. La operación de cada uno de ellos depende de procesos técnicos con estándares internacionales claros que deben ser cumplidos e implementados por cada entidad federativa.

Del periodo referido, sin embargo, las entidades federativas han devuelto al erario público a través de la Tesorería de la Federación (Tesofe), más de 320 millones de pesos, al no ejercerse en tiempo y forma, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), así como los procedimientos de adquisiciones propios de cada entidad federativa. Dichas devoluciones varían en cada caso; algunas se relacionan con no haber culminado en tiempo los procesos de construcción o compra o la falta de autorizaciones por parte de las autoridades locales involucradas.

Para 2023, existen 800 millones de pesos asignados en subsidios, cuyos procesos de autorización son analizados por la CNB y la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, con base en los proyectos presentados por cada comisión local de acuerdo con los lineamientos públicos. Hasta el momento, por primera vez desde 2019, la totalidad de las comisiones locales han solicitado el subsidio y 17 de ellas han incluido el tema forense.

Es importante recordar que, de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, los subsidios que se otorgan para acciones de búsqueda son asignaciones de recursos federales previstos en el PEF, mismos que se otorgan a las entidades federativas a través de las Comisiones Locales de Búsqueda de Personas (CLB). Para tal efecto, la Secretaría de Gobernación emite de forma anual los lineamientos en donde se precisan las reglas bajo las cuales se asignan y ministran dichos recursos, cuyo ejercicio es responsabilidad de las autoridades de cada entidad federativa. En ese sentido, cada CLB tiene, entre otros, el deber de: 

• Ejercer y comprobar los subsidios. Lo anterior significa que el ejercicio del subsidio (la investigación de mercado, los procesos de adquisición –licitaciones o invitaciones, la elección de proveedores, la adjudicación de contratos para la compra de bienes y servicios o de obra pública, verificar que la recepción de bienes y servicios cumpla con los términos de los contratos, el cumplimiento de normas y protocolos, así como todo el proceso relacionado con ello) es responsabilidad absoluta de cada entidad federativa;

• Sujetarse a los mecanismos de registro, transparencia y rendición de cuentas de los recursos otorgados, en términos de las disposiciones aplicables;

• Proporcionar a las instancias fiscalizadoras federales y estatales la información que permita la vigilancia y fiscalización de los recursos públicos;

• Brindar las facilidades necesarias para la realización de auditorías y visitas de inspección respecto del ejercicio de dichos recursos, y

• Facilitar a las dependencias y entidades, la información que sea requerida para la integración de los informes trimestrales y la Cuenta Pública, respecto del ejercicio de los recursos otorgados. 

Sobre dicho ejercicio, a la CNB le corresponde, entre otros: 

• Dar seguimiento al ejercicio de los subsidios a través de informes trimestrales y al cierre del ejercicio;

• Dar seguimiento a que se cumplan los términos de los Convenios de Coordinación y Adhesión;

• Verificar que la adquisición de bienes y servicios se apegue a los proyectos ejecutivos autorizados para la ministración de los recursos a cada CLB; 

• Llevar a cabo una evaluación al cierre del ejercicio que permita validar que la adjudicación de contratos se haya hecho con apego al marco federal que regula el ejercicio de subsidios, que los recursos se hayan administrado en todo momento en una cuenta autorizada específica que se registra ante Tesofe, que los recursos ejercidos por cada entidad federativa sean comprobados y que los recursos no comprobados sean reintegrados a Tesofe;

• Dar vista a las autoridades fiscalizadoras federales y estatales correspondientes en caso de observar alguna inconsistencia o irregularidad. En este caso, las autoridades locales de vigilancia y sanción deben abrir los procesos que, en su caso, correspondan, y;

• Realizar visititas de verificación que permitan comprobar la existencia de los bienes adquiridos con los recursos del subsidio y que éstos se aplican a las acciones de búsqueda de personas.

Es importante resaltar que existen entes que cuentan con atribuciones para vigilar la ejecución de los subsidios, tales como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y los órganos internos de control. En el caso de la CNB, la ASF ha realizado tres auditorías, el órgano interno de control cuatro, así como una auditoría practicada directamente por la Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública (SFP), de las cuales los resultados son públicos. 

La búsqueda, localización e identificación de personas es, sin duda alguna, una prioridad nacional, por lo que el ejercicio de los recursos destinados a ello deben ser aplicados adecuadamente, bajo los más altos estándares éticos a fin de garantizar su mejor uso para poder tener un mayor alcance. Es por ello, que deben ser auditados constantemente para asegurar su comprobación, transparencia y rendición de cuentas, y dirigidos a construir una política pública nacional para la búsqueda, localización e identificación de personas, que responda a un interés social y colectivo, y no a intereses particulares, individuales o de grupos empresariales. Su mal uso o ejercicio debe ser señalado, auditado y debidamente investigado por las autoridades correspondientes.

Desde la CNB de la Secretaría de Gobernación se han tomado todas las medidas para ello.