Se verificarán beneficios públicos a extranjeros y se eliminarán leyes que prioricen a inmigrantes sobre ciudadanos estadounidenses, como matrículas educativas estatales.
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El gobierno de Estados Unidos ha anunciado un conjunto de medidas para sancionar a las denominadas “ciudades santuario” que obstruyen la detención de migrantes, poniendo en marcha un proceso que podría implicar la retención de recursos federales y fondos públicos. Según lo informado por la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Nacional, dentro de un plazo de 30 días se publicará una lista inicial de estas jurisdicciones, que será actualizada de manera continua a medida que se identifiquen nuevas ciudades que incumplen las leyes federales sobre inmigración.
Las “ciudades santuario”, que limitan la cooperación con autoridades migratorias federales y se niegan a colaborar en la detención de migrantes, serán notificadas oficialmente de su incumplimiento con las leyes federales y las posibles violaciones del código penal. Como consecuencia de este incumplimiento, se procederá al retiro de fondos federales, subvenciones y contratos destinados a dichas jurisdicciones. Además, se aplicarán medidas legales y recursos de cumplimiento para garantizar que se respete la ley.
Entre las acciones adicionales que se implementarán se encuentran la verificación de la elegibilidad de los extranjeros que reciben beneficios públicos federales, así como la eliminación de leyes o políticas que favorezcan a los inmigrantes por encima de los ciudadanos estadounidenses, como las matrículas educativas estatales para extranjeros.
El gobierno federal también ha emitido una orden ejecutiva para la seguridad interna, que contempla un fortalecimiento de los recursos destinados a las fuerzas armadas y cuerpos policiales. Las nuevas medidas incluyen la creación de un mecanismo para indemnizar a los agentes policiales en casos de responsabilidades legales injustas, la mejora en las prácticas de vigilancia para delitos y un programa de capacitación policial más robusto. Asimismo, se ha previsto un incremento de salarios y beneficios para los policías, además de fortalecer las protecciones legales y aumentar las penas para los delitos cometidos contra agentes del orden.
Con el fin de aumentar la inversión en seguridad, se destinarán recursos para la ampliación de la capacidad y seguridad en prisiones. También se implementará un sistema unificado para la recopilación de datos sobre criminalidad, lo que permitirá una mejor evaluación de las tendencias delictivas a nivel nacional.
Además, el gobierno tiene planeado revisar los decretos federales, acuerdos y órdenes judiciales que puedan afectar el cumplimiento de las funciones policiales. Esta revisión se llevará a cabo en un plazo de 60 días, mientras que en 90 días se prevé la distribución de activos militares excedentes para apoyar a los cuerpos policiales locales en sus esfuerzos por mantener el orden y la seguridad.
Estas acciones se dan en el marco de una política de endurecimiento en materia de inmigración y seguridad interna, que busca asegurar el cumplimiento de las leyes federales y garantizar un entorno más seguro para los ciudadanos estadounidenses.
