Sicom Opina Con… Gerardo Reyes
Hay golpes que suenan fuerte… pero no siempre alcanzan a romper el fondo del problema. El aseguramiento de más de 2 millones de litros de hidrocarburo en Reynosa no es menor. Es, en términos operativos, un golpe quirúrgico. Pero también es un recordatorio incómodo: el huachicol no es un delito aislado, es una industria.
Una industria que, como el narcotráfico, requiere estructura, logística, protección y mercado.
A nivel federal, el mensaje es claro: hay despliegue, coordinación y voluntad para contener el robo de combustible. Desde el inicio de la estrategia en 2018, el combate al huachicol ha sido una bandera constante, con miles de operativos, aseguramientos y detenciones. Las cifras oficiales hablan de millones de litros decomisados cada año, redes desmanteladas y puntos críticos intervenidos.
Pero la otra cara es más compleja: la persistencia del delito.
Porque para mover millones de litros —como los asegurados en Tamaulipas— no basta con perforar ductos. Se necesita transporte, almacenamiento, distribución… y algo más delicado: permisividad o complicidad institucional.
Ahí es donde Puebla entra al mapa con un historial incómodo.
En los últimos años, la entidad ha sido identificada como uno de los corredores más activos de robo y comercialización de combustible, particularmente en zonas como el llamado “Triángulo Rojo” —municipios como Palmar de Bravo, Acatzingo, Quecholac y Tecamachalco—, donde el huachicol dejó de ser clandestino para volverse parte del paisaje económico.
Las notas periodísticas no dejan lugar a dudas: policías municipales, estatales, mandos medios e incluso jefes de corporaciones han sido detenidos por su presunta participación o protección a estas redes. No se trata de casos aislados, sino de un patrón que se repite: quien debería vigilar, termina facilitando.
Los decomisos también hablan. Tan solo en operativos recientes en Puebla se han asegurado cientos de miles y hasta millones de litros de combustible robado, en bodegas, predios rurales y hasta en instalaciones disfrazadas de negocios legales. El combustible, además, no se queda en la clandestinidad: se filtra, se mezcla y en algunos casos llega a gasolineras donde se vende bajo presión o esquemas irregulares.
Eso explica por qué, pese a los golpes, el negocio sigue.
Porque el huachicol ya no es solo ordeña de ductos. Es una cadena completa de valor, con actores en cada eslabón. Desde quien perfora, hasta quien transporta, protege, distribuye… y vende.
La pregunta de fondo no es si se combate —porque se combate—, sino si se está desmantelando la estructura completa.
Porque mientras existan redes de protección, mercados tolerantes y zonas donde la autoridad es difusa, el huachicol seguirá encontrando cómo reinventarse.
Y ahí está el reto real.
No es solo decomisar litros. Es romper la lógica de impunidad que permite que este negocio funcione como una industria paralela. Una que, como el narcotráfico, no se sostiene sin complicidades internas.
Puebla lo sabe. México también.
Y mientras no se cierre ese círculo, cada decomiso —por grande que sea— seguirá siendo un golpe… pero no el final de la historia.
