SICOM Opina Con… Gerardo Herrera
Una protesta contra el Cablebús terminó este miércoles frente al Congreso de Puebla con empujones, golpes, personas encapuchadas y acusaciones cruzadas. El proyecto de movilidad quedó temporalmente en segundo plano. La violencia se apoderó del escenario y, como siempre ocurre en estos casos, nadie quiso reconocer la paternidad de los rijosos.
Los videos muestran lo que las narrativas políticas intentarán acomodar durante los próximos días: un grupo reducido llegó con el rostro cubierto, se mezcló entre los manifestantes y participó en una confrontación. Diario Cambio atribuyó directamente el contingente al activista Renato Romero Camacho, aunque esa responsabilidad no ha sido establecida mediante una investigación oficial.
Del otro lado, opositores al Cablebús aseguraron que los grupos de choque fueron enviados para provocarlos. Es la vieja tragicomedia poblana: los violentos siempre pertenecen al adversario, nunca al grupo propio. Todos son víctimas, nadie puso el dinero y los encapuchados, al parecer, llegaron por generación espontánea.
Pero los grupos de choque no aparecen solos, no se transportan con aplausos y tampoco trabajan por amor al arte. Alguien los convoca, alguien les proporciona información, alguien define el lugar y el momento oportuno. En ocasiones también alguien paga transporte, alimentos, propaganda y cualquier otro incentivo necesario para garantizar su presencia.
Por eso, la pregunta central ya no es solamente quién lanzó el primer golpe. La pregunta verdaderamente incómoda es: ¿quién financió la movilización y qué interés político buscaba convertir una manifestación contra el Cablebús en un espectáculo de provocación?
Renato Romero tiene derecho a cuestionar el proyecto, defender sus causas y exigir explicaciones al gobierno. El derecho a la protesta es una herramienta democrática indispensable. Lo que no puede admitirse es que una causa ambiental o la defensa del agua sean utilizadas como pasaporte de impunidad para encubrir agresiones, intimidaciones o actos cuidadosamente diseñados para producir imágenes de confrontación.
El activismo pierde legitimidad cuando necesita encapuchados. Y pierde todavía más cuando sus dirigentes se colocan rápidamente la aureola de perseguidos, pero evitan aclarar quiénes son los personajes violentos que aparecen sistemáticamente cerca de sus movilizaciones.
También comienzan a circular versiones políticas que apuntan hacia personajes de Morena enfrentados con el gobierno estatal. Entre los nombres insinuados —no acreditados— aparece el de la diputada federal Claudia Rivera Vivanco o el senador Ignacio Mier Velasco, quienes mantiene intereses políticos evidentes en Puebla y cuya confrontación con distintos grupos internos de su partido no es precisamente un secreto.
Hasta ahora, sin embargo, no existe una prueba pública que permita afirmar que alguno de ellos financió, organizó o instruyó a los manifestantes. Decirlo como hecho sería irresponsable. Pero pedirle que aclaren si tienen alguna relación política, financiera u operativa con los grupos movilizados es perfectamente legítimo, especialmente cuando su nombre comienza a deslizarse en columnas y conversaciones políticas.
Los legisladores bien podrían cerrar esa especulación con una respuesta sencilla: negar cualquier participación, explicar su postura sobre el Cablebús y transparentar si mantiene vínculos con Renato Romero o con las organizaciones participantes. El silencio, en política, no siempre protege; en ocasiones alimenta aquello que pretende ocultar.
El episodio tampoco exonera al gobierno. Las autoridades deben identificar a quienes golpearon, revisar los videos completos y determinar quién inició la confrontación. No basta con señalar adversarios desde una conferencia ni con permitir que los medios hagan el trabajo que corresponde a las instituciones.
El proyecto del Cablebús merece discusión técnica: impacto ambiental, movilidad, derecho de vía, costo, beneficio social y afectaciones urbanas. Lo que no merece Puebla es otro debate secuestrado por operadores políticos que usan ciudadanos como carne de cañón y causas legítimas como escenografía electoral.
Porque cuando una manifestación termina con encapuchados repartiendo golpes, la causa deja de ser el centro y comienza el negocio de la provocación. Y detrás de todo negocio siempre existe alguien que organiza, alguien que obtiene ganancias y alguien que paga la cuenta.
La pregunta seguirá flotando frente al Congreso: ¿quién pagó?
Tal vez la respuesta no esté entre quienes portaban las pancartas, sino en alguna oficina donde todavía se sueña con las elecciones de 2027.
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