67 por ciento de los homicidios, en 2022, se cometió por disparos de armas de fuego, refirió la Comisionada Presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena.
Sicom Noticias
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedean) informar las acciones y operativos que ha implementado para inhibir el ingreso y tráfico de armas ilegales a territorio nacional, trabajos coordinados con instituciones de seguridad pública y los resultados alcanzados.
“En México, el tráfico ilegal de armas ha propiciado una crisis de violencia que se refleja en el índice de inseguridad del país. De acuerdo con el INEGI, el número de homicidios registrados durante 2022 ascendió a 32 mil 223, representando una tasa de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes y, de los cuales, el 67.6 por ciento se cometió por disparo de arma de fuego. Al respecto, en mayo pasado, el Gobierno Federal señaló que, del primero de diciembre de 2018 al primero de mayo de 2023, ha decomisado más de 39 mil armas de diferentes calibres con producción en los Estados Unidos de América, lo que ha permitido identificar las entradas fronterizas de armamento desde ese país”, expresó la Comisionada Presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, al exponer el caso ante el Pleno.
Resaltó que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha señalado que el tráfico de armas es uno de los principales problemas para la seguridad humana; las armas de fuego impactan decisivamente en los homicidios y juegan un papel crucial en la delincuencia organizada y el terrorismo.
Al respecto, un particular solicitó a la Sedena conocer las acciones u operativos que se han puesto en práctica para inhibir el ingreso y tráfico de armas ilegales en el territorio nacional, los principales logros alcanzados a partir de dichas acciones y/u operativos y las acciones coordinadas con instituciones de seguridad pública, que se han implementado para disminuir la entrada ilegal de armas, de diciembre de 2018 a junio de 2023.
En respuesta, el sujeto obligado, por medio del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, indicó que, después de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos, no se localizó información que pudiera atender lo pedido; no obstante, informó la cantidad de armas de fuego aseguradas dentro del periodo señalado, lo cual causó la inconformidad de la persona recurrente, que presentó un recurso de revisión.
En el análisis del caso, a cargo de la ponencia de la Comisionada Presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, se determinó que el sujeto obligado fue omiso en consultar a otras áreas que cuentan con facultades sobre el control y vigilancia de la posesión y portación de armas de fuego, de la importación y exportación de armas, municiones y explosivos, así como de materiales, artefactos, accesorios y equipos conexos.
Además, se localizó información pública oficial que sirvió para constatar que la Sedena ejecutó la campaña de canje de armas “Por un México Libre de Violencia” en diversas entidades del país, con el objetivo de recolectar entre la población armas y explosivos para su destrucción, y así disminuir la presencia y el tráfico de armas en las calles, evitar accidentes en los hogares y prevenir delitos con violencia; también existen notas periodísticas que refieren el decomiso de armas de fuego por parte de la Sedena, en el marco del combate al contrabando ilegal de armas.
Bajo ese contexto, la ponencia de la Comisionada Presidenta del INAI concluyó que no se tiene certeza del criterio de búsqueda empleado por el sujeto obligado, pues si bien la Sedena hizo valer la inexistencia, lo cierto es que se localizó información pública de la que se advierte que sí podría contar con los datos requeridos.
Por unanimidad, el Pleno del INAI revocó la respuesta del sujeto obligado y le instruyó efectuar una búsqueda exhaustiva y congruente de las acciones u operativos que ha implementado para inhibir el ingreso y tráfico de armas ilegales en el territorio nacional, los principales logros alcanzados y las acciones coordinadas con instituciones de seguridad pública que se han implementado para disminuir la entrada ilegal de armas.
