Las siguientes ponencias del XXXI Congreso de Derecho de la UDLAP, se llevarán a cabo el viernes 22 de abril del año en curso, de forma híbrida (en video y presenciales).
Redacción
Hay demasiadas actividades del ser humano incitando un escenario adverso al medio ambiente, por lo cual es momento de generar debates y obtener soluciones para ayudar a mitigar la crisis climática del futuro; esa es la importancia de realizar eventos con expertos, catedráticos, funcionarios y estudiantes como lo es el XXXI Congreso de Derecho de la Universidad de las Américas Puebla, a realizarse el 21 y 22 de abril.
A través de 8 conferencias, el Departamento de Derecho y la Mesa de Derecho de la UDLAP buscan encontrar los alcances y los límites del derecho dentro de la problemática ambiental, a fin de generar respuestas a diversas interrogantes entorno a la crisis climática vigente y poder revertir los conflictos ambientales del futuro. Por eso esta edición 31 del congreso “es diferente, porque nunca se han tocado temas desde esta perspectiva de la naturaleza, espero aprendan mucho y tengamos en un futuro especialistas en la materia”, señaló en su mensaje inicial la Dra. Marcela Corro Priego, directora del departamento antes mencionado de la Universidad de las Américas Puebla.
Para iniciar este evento se realizó la mesa de diálogo ‘Derechos de los animales en un mundo hecho por y para el ser humano’, cuya primera intervención fue de la Dra. Maritza Islas Vargas, especialista en economía ambiental y ecológica, quien aseguró que, si bien existen mecanismos regulatorios contra el tráfico ilegal de especies, la defensa del medio ambiente, entre otros; de manera permanente el ser humano presiona los ecosistemas de estas especies mediante actos nocivos. “Entonces por mucho que tengamos legislación efectiva o robusta en el ámbito de la protección, necesitamos orientarnos a tratar de evitar las causas que están generando que estas especies se encuentren en peligro”.
En ese sentido, el Mtro. Daen Morales García, vicepresidente de Biofutura A.C., señaló que las leyes referidas por la Dra. Islas son paritarias con todas las especies, dando el ejemplo de la defensa de un jaguar contra los animales de consumo para las personas. Eso, manifestó, está relacionado a algo llamado normalización, donde el aprovechamiento sustentable se confunde con esclavitud o los procesos culturales no son semejantes; entonces, por qué entender “a la tauromaquia como diversión permisible de un grupo selecto y una pelea de perros está tipificada en el código penal federal”.
Por su parte el Dr. Andrés de la Parra Trujillo, procurador para la Protección de los Usuarios del Agua, nombró distintas leyes, códigos, lineamientos y disposiciones existentes en México por la protección a los ecosistemas y a los animales (Ley General de Vida Silvestre, Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente del Sector de Hidrocarburos); todas, acorde a él, con detalles en el enfoque que no permiten la protección plena de los animales. Por lo tanto se debe hacer “un cambio de fondo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorgando derechos plenos a los ecosistemas y a los animales, complementando el derecho humano a un medio ambiente sano consagrado en el artículo cuarto”, expresó.
Las siguientes ponencias del XXXI Congreso de Derecho de la UDLAP, a efectuarse el viernes 22 de abril del año en curso, de forma híbrida (en video y presenciales), abordarán distintos temas como sistemas normativos de los pueblos originarios, derechos laborales, cambio climático, responsabilidad social empresarial, interés legítimo de la naturaleza, desigualdades socioeconómicas, impacto, contaminación y delito ambiental. Todas expuestas por especialistas en gobernanza ambiental, materia energética, patrimonio cultural, derecho indígena, cambio climático; así como con la participación de funcionarios de la Agencia de Energía de Puebla, CONAGUA, la Secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, la Secretaria de Movilidad de Puebla, la Suprema Corte de Justicia de la Nación; además de catedráticos de la Universidad de Quintana Roo, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Florida.
