Expertos indicaron que “el Estado debe cumplir con su responsabilidad de proteger los derechos humanos e investigar cualquier denuncia de violación”.
Redacción
Los defensores de los derechos humanos colombianos que manifiestan su preocupación ante proyectos empresariales, especialmente los ligados a la explotación de las tierras, corren graves riesgos, indicó hoy un grupo de expertos de la ONU.
La relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, destacó que estas personas reciben amenazas graves y resaltó el caso José Velasco Tumiña, un defensor indígena del pueblo Misak que hace un año que es víctima de intimidaciones.
Tumiña y otros grupos indígenas llevan doce meses protestando por los impactos negativos del uso de la tierra que lleva a cabo la empresa irlandesa Smurfit – Kappa que controla 67 mil hectáreas de tierras, de las cuales más de 41 mil 500 correspondían a plantaciones de pinos y eucaliptos.
El activista ha recibido amenazas de muerte por su defensa de estas cuestiones y al menos una persona ha sido asesinada desde el inicio de las protestas. Tumiña viajó a Dublín a principios de año para comunicar directamente sus preocupaciones a la empresa y a su regreso a Colombia recibió amenazas de muerte.
Los expertos de la ONU indicaron que “el Estado debe cumplir con su responsabilidad de proteger los derechos humanos e investigar cualquier denuncia de violación”.
Y añadieron que “para garantizar que las empresas respetan los derechos humanos, el Gobierno entrante debería animar a las empresas a colaborar de forma constructiva” con los activistas.
Con relación a las empresas indicaron que deberían manifestar públicamente su voluntad de respeto a las garantías fundamentales, “incluso si las reclamaciones de los defensores afectan a las propias operaciones de la empresa.”
