Tras tener un aborto espontáneo, Camila fue acusada y condenada por autoaborto sin más pruebas que sus repetidas declaraciones de que no deseaba proseguir con el embarazo.
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El Comité de los Derechos del Niño de la ONU determinó que Perú violó los derechos de una niña indígena al no permitirle abortar después de que su padre abusó sexualmente de ella.
La presidenta de ese grupo, Ann Skelton, hizo pública la decisión tras escuchar la queja presentada por Camila (seudónimo), quien fue violada por su padre desde los nueve años hasta que se quedó embarazada a los trece, en 2017.
El aborto está penalizado en Perú salvo para prevenir un riesgo para la vida o un riesgo grave y permanente para la salud de la madre. Con la ayuda de una ONG, Camila solicitó al hospital de Abancay el acceso al aborto terapéutico conforme a la legislación nacional, y también presentó una solicitud de interrupción voluntaria del embarazo a la fiscal encargada de la investigación penal por violación. Nunca recibió respuesta.
Tras tener un aborto espontáneo, Camila fue acusada y condenada por autoaborto sin más pruebas que sus repetidas declaraciones de que no deseaba proseguir con el embarazo.
Camila fue acosada asimismo por la fiscal que ordenó el examen de la escena del crimen con la presencia obligatoria de la niña y su padre, y citó repetidamente a Camila a declarar, desviando la investigación para centrarse en reunir pruebas incriminatorias del presunto delito de autoaborto.
“Estoy consternada por el modo en que las autoridades nacionales han tratado a una niña de 13 años víctima de violación e incesto”, declaró Ann Skelton, presidenta del Comité. “Lejos de ser protegida, dada su extrema vulnerabilidad, fue revictimizada y acosada por las autoridades sanitarias, policiales y judiciales. De hecho, pasó de víctima a delincuente”.
El Comité pide a Perú que despenalice el aborto en todos los casos de embarazo infantil y que garantice que pueden hacerlo de forma segura.
