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PUEBLA, Pue.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) informó el inicio de tres quejas relacionadas con los hechos ocurridos el pasado 11 de junio de 2026 en el municipio de San Andrés Cholula, donde presuntamente se vulneraron los derechos humanos de una mujer y sus dos hijos, un infante y una adolescente, durante la actuación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
A través de un posicionamiento oficial, el organismo autónomo detalló que las investigaciones se centran en tres aspectos principales: el probable uso indebido o desproporcionado de la fuerza pública, la posible inobservancia del interés superior de la niñez y la presunta difusión indebida de imágenes, videograbaciones y datos personales de las personas involucradas.
La CDH Puebla señaló que el análisis del caso incluye verificar el cumplimiento de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, así como de los protocolos aplicables en materia de actuación policial y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, el organismo destacó que garantizar el interés superior de las infancias constituye una obligación reforzada para todas las instituciones públicas y recordó que cualquier decisión o actuación del Estado debe privilegiar la protección integral de sus derechos.
En el caso de la difusión de imágenes y datos personales, la Comisión advirtió que estas conductas podrían transgredir derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la dignidad humana y el derecho a la propia imagen.
La CDH Puebla informó que las investigaciones se desarrollan con imparcialidad, objetividad y rigor técnico, a fin de determinar la existencia de posibles violaciones a derechos humanos y, en su caso, emitir las resoluciones correspondientes.
Finalmente, el organismo hizo un llamado a las autoridades municipales y estatales para que, en el ejercicio de sus funciones, coloquen en el centro de su actuación la dignidad humana, el interés superior de la niñez y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales, reiterando que la seguridad pública y el mantenimiento del orden deben realizarse siempre en apego a la legalidad y nunca de manera arbitraria.
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