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Internacional

Bachelet denuncia “el deterioro” de los derechos humanos en Nicaragua

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Además, se han “intensificado los ataques a la libertad de expresión”, provocando la salida del país de al menos 12 periodistas y las autoridades ordenaron la clausura de 45 organizaciones sin fines de lucro.

Redacción

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha denunciado el “deterioro” de la “preocupante” situación política en Nicaragua de cara a las elecciones del 7 de noviembre. 

“Las y los nicaragüenses deben poder ejercer su derecho al voto en ausencia de intimidaciones, violencia o interferencias administrativas. Las personas que lo deseen deben poder presentar libremente sus candidaturas, y las y los votantes deberían poder participar en las campañas. Asimismo, es esencial que los medios de comunicación puedan dar cobertura a las campañas electorales de diferentes candidatos y candidatas, libres de interferencias o indebidas restricciones impuestas por parte de las autoridades.  Nada de esto está ocurriendo en Nicaragua”, denunció Michelle Bachelet. 

Entre el 22 de junio y el 6 de septiembre, su Oficina ha documentado la detención arbitraria de 16 personas, incluyendo dirigentes políticos, defensores, empresarios, periodistas, y líderes campesinos y estudiantiles, que se suman a otras 20 detenidas a partir del 28 de mayo. 

Además, se han “intensificado los ataques a la libertad de expresión”, provocando la salida del país de al menos 12 periodistas y las autoridades ordenaron la clausura de 45 organizaciones sin fines de lucro.

Cifras oficiales indican que, sólo en los meses de junio y julio, más nicaragüenses pidieron cita para solicitar refugio en Costa Rica, que en los primeros cinco meses de 2021. 

Ante este deterioro de la situación en Nicaragua, “resulta imperativo”, dijo que el Gobierno vuelva a garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos; que cese la persecución contra la oposición, la prensa y la sociedad civil; y que libere de inmediato y sin condiciones a más de 130 personas detenidas desde abril de 2018, según fuentes de la sociedad civil.