El Instituto cuenta con procedimientos claros y precisos para ejercer recursos públicos bajo criterios de legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia.
Sicom Noticias
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) precisa que cada una de las observaciones contenidas en el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) habrán de seguirse solventando documentalmente dentro del plazo de ley.
Es importante señalar que el presupuesto ejercido por el INAI en el ejercicio 2022 fue de $975,007,027.96 y que el monto pendiente de solventar equivale alrededor del 0.15 por ciento, aunque se debe aclarar que no es una cifra definitiva, pues de conformidad con la Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el organismo cuenta con 30 días hábiles a partir de la notificación para puntualizar lo necesario.
En este momento, se recaba e integra la documentación que aclare y soporte dicho importe. Como lo ha mostrado la ASF, en los resultados de la auditoría de cumplimiento forense 197, de la Cuenta Pública 2022, todo gasto ejecutado por el Instituto está sujeto a revisión de la sociedad y, en este caso, de la entidad fiscalizadora; además, cada recurso erogado se comprueba y se publica, en tiempo y forma, como lo prevén las Leyes General y Federal de Transparencia.
La labor de fiscalización de la ASF es respetable y necesaria para asegurar el ejercicio eficiente del gasto público; en este caso, la auditoría efectuada arrojó 40 resultados: en 29, no se detectaron observaciones; en 4, el INAI proporcionó la información necesaria y fueron solventados antes de la emisión del Informe.
A lo largo de este proceso se colaboró, en todo momento, con la instancia fiscalizadora para atender toda observación e implementar las recomendaciones, en los términos previstos en la normativa para dar certidumbre a la sociedad y reafirmar nuestro compromiso irrestricto con la legalidad y la rendición de cuentas.
Las Comisionadas y el Comisionado Presidente que integran el Pleno del Instituto hacen énfasis en que ninguna falta o irregularidad jurídica o administrativa, ni ninguna persona que haya cometido algún acto indebido en el ejercicio de sus funciones, quedará sin la debida investigación y las posibles sanciones que resulten aplicables.
