Dentro de estos grupos se toman en cuenta a adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de cinco años, personas con discapacidad, personas con síndrome de Down, entre otras.
Redacción
En sesión virtual de la Comisión Permanente de la LX Legislatura del Congreso del Estado de Puebla se aprobó por mayoría de votos un exhorto al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Salud del Estado de Puebla y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), a que brinden atención prioritaria a personas con riesgo o grupos vulnerables.
Dentro de estos grupos se toman en cuenta a adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de cinco años, personas con discapacidad, personas con síndrome de Down, personas con enfermedades crónicas no transmisibles, a efecto de atenuar el riesgo de complicaciones en estos segmentos de la población, aquejados por patologías preexistentes que merman su salud, siendo susceptibles de desarrollar la enfermedad grave a causa del COVID-19.
Como parte de la discusión las diputadas Nora Merino Escamilla y Vianey García Romero avalaron el punto de acuerdo toda vez que mencionaron que las personas en grupos de riesgo se han enfrentado a un sinnúmero de problemas para poder ser atendidos durante esta pandemia por lo que se pronunciaron a favor de que las diferentes dependencias del sector salud atiendan el exhorto.
Mientras que en contra se pronunció el diputado José Juan Espinosa Torres con el argumento de que la Secretaría de Salud es responsable de estas acciones.
PIDEN PROGRAMAS PARA ATENDER VIOLENCIA INFANTIL
En otro momento del orden del día, por mayoría de votos, avalaron un exhorto dirigido a la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado y a los 217 ayuntamientos, para que implementen estrategias para la erradicación de la violencia que desafortunadamente están sufriendo las niñas, niños, y adolescentes en sus hogares, derivado del resguardo domiciliario para evitar contagios por el COVID-19.
Al respecto, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia aseguró que el derecho a una vida libre de violencia lo tiene todas las niñas, niños y adolescentes; sin embargo, derivado de la pandemia y el decreto del confinamiento voluntario este sector de la sociedad también sufre de maltrato, por lo que urgió un llamado para poner fin a este ciclo de maltrato infantil.
En este punto de acuerdo también hicieron uso de la palabra las diputadas Vianey García Romero, Nora Merino Escamilla y Liliana Luna Aguirre, quienes reconocieron que la pandemia ha metido en una crisis a todos los sectores sociales y la violencia por el confinamiento es una crisis en el estado, el país y el mundo, opinaron que ya se realizan algunas acciones en la materia y pidieron conocer programas al respecto.
En tanto que el legislador José Juan Espinosa Torres pronunció que el DIF no realiza el trabajo adecuado para atender a las niñas, niños y adolescentes.
Por otra parte, se turnó a la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social, para su análisis, la Iniciativa de la diputada María del Carmen Saavedra Fernández, por el que se reforma la fracción VI del artículo 40 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado.
