Aunque no hay cifras oficiales, al menos ocho personas perdieron la vida este 2022 en distintos anexos de la entidad, la mayoría de ellos ya están bajo investigación de las autoridades ministeriales.
Adan Morales
Son consideraros como espacios donde los internos son torturados, como parte de un proceso de rehabilitación que va en contra de su voluntad. Se trata de los Centros de Rehabilitación de Adicciones con Anexo que por varios años han operado sin regulación alguna.
“Los denominados anexos o granjas son verdaderas cárceles a las que se llevan generalmente por la fuerza a los internos para rescatarlos por su adición mediante formas de tortura física y bajo condiciones insalubres que vulneran sus derechos humanos”, dijo el diputado Edgar Valentín Garmendia.
Aunque no hay cifras oficiales, al menos ocho personas perdieron la vida este 2022 en distintos anexos de la entidad, la mayoría de ellos ya están bajo investigación de las autoridades ministeriales.
“Hay asesinatos, ni siquiera son descuidos, son asesinatos que se cometen allá. Hay muchas averiguaciones, quien autoriza que los anexos funciones pues lo autoriza los ayuntamientos”, expuso el Gobernador Miguel Barbosa.
Para evitar este tipo de prácticas, el ejecutivo estatal envió al Congreso Local reformas a la Ley de Salud del Estado y al Código Penal para sancionar a los dueños o responsables hasta cuatro años de prisión. La modificación al artículo 258 del Código Penal fue aprobada por las y los diputados, así como una multa de 50 hasta 200 UMAS a quien preste servicios de atención a la salud y adicciones sin contar con los permisos correspondientes.
“Se trata de sitios que representan un riesgo mucho mayor tanto de la adicción como de sufrir maltrato físico, sexual, emocional y psicológico por parte de los internos que muchas veces son ingresados en contra de su voluntad”, describió.
El decreto establece también que los dueños de los anexos deberán solicitar el registro ante la Comisión Nacional Contra las Adicciones para que cumplan con todas las normas de seguridad y sanitarias para operar. Además de avalar estas reformas, los congresistas locales propusieron fortalecer el marco jurídico con la creación de un padrón de los Centros de Rehabilitación formalmente establecidos, el cual permitirá generar certeza a las familias que acuden a estos espacios.
