Bachelet cifró en treinta el número de casos en los que se produjeron “amenazas e intimidaciones” contra defensores de los derechos humanos, informadores, estudiantes, líderes campesinos e integrantes del clero.
Redacción
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó este lunes de violaciones a esas garantías en la respuesta de Nicaragua a la pandemia del coronavirus y reportó que no se han registrado progresos en la situación de las garantías fundamentes en el país desde su última actualización el pasado mes de julio. Tampoco hay indicios por parte del Ejecutivo de estar dispuesto a debatir la cuestión.
“No se han observado avances en la situación de derechos humanos ni muestras del gobierno para abordar constructivamente las tensiones y problemas estructurales que desencadenaron la crisis sociopolítica en abril de 2018”, dijo Michelle Bachelet en una declaración oral durante la sesión de apertura del Consejo de Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Bachelet cifró en treinta el número de casos en los que se produjeron “amenazas e intimidaciones” contra defensores de los derechos humanos, informadores, estudiantes, líderes campesinos e integrantes del clero católico, desde su último informe en julio.
A estos casos, añadió otros de probables violaciones del derecho a la vida y puso como ejemplo el homicidio producido el 19 de julio en el municipio de La Trinidad, en el departamento de Estelí, cuando una persona falleció “a manos de un elemento progubernamental”.
Este hecho destaca la importancia de desarticular y desarmar a las fuerzas progubernamentales, tal y como recomendó la Alta Comisionada en su informe sobre el país centroamericano el año pasado.
La Ley de Amnistía, un error previsible
“Como lo advertí en diversas oportunidades, la Ley de Amnistía aprobada en junio de 2019 ha favorecido la impunidad de los responsables de graves violaciones de derechos humanos”, indicó Bachelet.
Al mismo tiempo, destacó que, de acuerdo con las cifras que barajan las organizaciones de la sociedad civil, “94 personas percibidas como opositoras al gobierno, entre ellas cuatro mujeres, siguen arbitrariamente privadas de libertad, acusadas en su mayoría de delitos comunes”.
Por ello, instó al gobierno a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente durante las protestas o por manifestar opiniones críticas con el Ejecutivo. “Esto constituiría un paso significativo hacia la restitución de derechos y la disminución de la polarización existente”, aclaró.
